Pagano acusó a Milei y Caputo de comprar votos
La diputada nacional Marcela Pagano presentó ante la Justicia una denuncia en la que acusó al Gobierno de Javier Milei de utilizar fondos públicos para conseguir respaldo de gobernadores y legisladores en votaciones clave del Congreso. Según la presentación, detrás de distintas leyes aprobadas durante la gestión libertaria habría existido un esquema de transferencias de recursos hacia las provincias que coincidió temporalmente con los debates parlamentarios. Pagano calificó el mecanismo como una maniobra “ilegal, inmoral e ilegítima” y apuntó directamente contra el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La diputada sostiene que es posible reconstruir una suerte de “tarifario” a partir de las transferencias realizadas por el Estado nacional en los días previos o posteriores a determinadas votaciones. En su planteo, los recursos habrían funcionado como una herramienta de negociación política con gobernadores cuyos diputados y senadores resultaban decisivos para que el oficialismo pudiera reunir mayorías. La acusación se produce luego de que Pagano también cuestionara públicamente el manejo de fondos destinados a las provincias y llevara sus sospechas al ámbito judicial.
Uno de los argumentos centrales de la denuncia es la coincidencia entre los desembolsos y el tratamiento de iniciativas consideradas prioritarias para la Casa Rosada. Pagano sostiene que los montos transferidos no deberían analizarse de manera aislada, sino en relación con el comportamiento de los bloques legislativos vinculados a determinados mandatarios provinciales. Desde esa perspectiva, la diputada plantea que la distribución de recursos podría haber sido utilizada para garantizar acompañamiento parlamentario, aunque será la Justicia la que deberá determinar si existió una relación concreta entre ambas circunstancias.
La acusación alcanza especialmente al ministro Caputo, a quien Pagano ubica como una pieza central en la administración de los recursos que terminaron en las arcas provinciales. El planteo judicial busca establecer quién autorizó las transferencias, bajo qué criterios se definieron los montos y si existieron comunicaciones o instrucciones políticas vinculadas con las votaciones. El objetivo es determinar si las partidas respondieron a necesidades administrativas legítimas o si fueron utilizadas para construir acuerdos parlamentarios por fuera de los mecanismos institucionales habituales.
Pagano profundizó su cuestionamiento al sostener que “cada voto se pagó” y que el mecanismo habría permitido al Gobierno avanzar con iniciativas que, sin el respaldo de los legisladores de las provincias, hubieran tenido mayores dificultades para ser aprobadas. La denuncia se suma así a una serie de conflictos entre la diputada y el oficialismo, luego de su ruptura con La Libertad Avanza (LLA)y de sus reiterados cuestionamientos a funcionarios de la administración de Milei. El caso vuelve a instalar, además, el debate sobre el uso discrecional de fondos nacionales y la relación entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores.
Ahora la Justicia deberá analizar la documentación aportada por la diputada y establecer si existen elementos suficientes para avanzar con medidas de prueba. Entre ellas podrían quedar bajo análisis las órdenes de transferencia, expedientes administrativos, registros bancarios y las comunicaciones entre funcionarios nacionales y autoridades provinciales. La acusación de Pagano plantea un escenario de alto impacto institucional: si se comprobara que fondos públicos fueron utilizados deliberadamente para condicionar votos en el Congreso, la investigación podría derivar en responsabilidades penales y políticas para quienes hubieran intervenido en el esquema denunciado.
