Nuevo amparo del CELS contra el DNU que reformó la SIDE
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha presentado un nuevo amparo colectivo demandando la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, el cual reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplió sus facultades. Entre estas nuevas atribuciones se incluye la capacidad de detener a personas sin una orden judicial, lo que ha generado una fuerte controversia en torno a la legalidad y la constitucionalidad del decreto.
La entidad argumenta que el DNU carece de justificación en cuanto a la urgencia y los motivos que llevaron al Poder Ejecutivo a promover una reforma tan significativa de la Ley de Inteligencia mediante este mecanismo. El CELS destaca que el Poder Ejecutivo tiene prohibido legislar en materia penal y advierte que la nueva normativa permite a los agentes de inteligencia ejecutar detenciones sin el control judicial correspondiente.
Entre los ejes problemáticos del DNU, el CELS señala que se produce un desmantelamiento de las prohibiciones históricas que limitaban el accionar de los agentes de inteligencia. Este nuevo marco legal permite a la SIDE intervenir en situaciones que antes eran vedadas, como influir en la política interna y social del país, así como en la vida de los partidos políticos.
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Además, el amparo critica que el DNU otorga a la SIDE acceso a información personal sobre ciudadanos sin el debido control externo, facilitando la intromisión en la vida privada sin necesidad de demostrar que estas acciones están vinculadas a la seguridad nacional. Esta falta de regulación es vista como una violación de derechos fundamentales.
El CELS también subraya que la definición vaga de “investigación de inteligencia” permite a la SIDE justificar detenciones sin una base tangible de sospecha. Esto plantea un riesgo serio de abuso de poder, ya que se habilitan detenciones sin un fundamento claro que respalde la legalidad de la acción.
En su presentación, el CELS solicita la habilitación de la feria judicial y que se suspenda la aplicación de varios artículos del DNU considerados lesivos a los derechos constitucionales y humanos. La entidad advierte que las modificaciones propuestas no son simples ajustes, sino intervenciones que afectan directamente la autonomía y acción social de los ciudadanos, impulsadas por una normativa de baja calidad democrática.
