Los referentes de Republicanos Unidos de la provincia de Buenos Aires Juan Pablo Pane, Pablo Bresciani y Daniela Delgado Luna pidieron que se amplíe la denuncia original del vacunatorio VIP e incorpore a los jueces de la Corte Suprema bonaerense, Hilda Kogan y Luis Esteban Genoud. Esto es al entender que ambos habrían recibido en enero de 2021, y de manera irregular, la primera vacuna contra el Covid-19 en el Hospital de alta complejidad “El Cruce”, en el municipio de Florencio Varela.
En la exposición se indica que ambos funcionarios judiciales habrían incurrido en el delito de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, y malversación de caudales públicos”, por haber “sido asentados en el registro del Ministerio de Salud bonaerense como ‘ personal de salud’” para, probablemente, recibir una dosis de Sputnik.
“En el caso de Genoud, fue vacunado por primera vez el 21 de enero de 2021, el mismo día que Alberto Fernández, en tanto Kogan recibió la vacuna cuatro días después. Posteriormente, se habrían aplicado la segunda dosis el 11 de febrero y el 18 de febrero de 2021, respectivamente”, explicita el texto.
Juan Pablo Pane, uno de los firmantes, afirmó que “los jueces deben ser los primeros en cumplir con las normas, porque de lo contrario el daño que se le causa a las instituciones es mayúsculo. Desde Republicanos Unidos siempre vamos a estar contra el privilegio ya favor de la institucionalidad”.
Cabe destacar que, si bien superan los 70 años, a la fecha en que los dos magistrados fueron inoculados con la primera dosis, solamente estaba autorizada su aplicación al personal de salud.
En esa línea, desde Republicanos Unidos “entendemos que debe analizarse la conducta de Kogan y Genoud, quienes habrían obtenido de una suerte de ‘vacunatorio VIP’, valiéndose para ello de su cargo, beneficiándose de la aplicación de dos dosis de vacunas, en razón de su vínculo y al margen de cualquier criterio sanitario vigente, considerando que dicho accionar vulneraría las previsiones de los artículos 248 y 261 del Código Penal”.
“Debe profundizarse la investigación para dilucidar la responsabilidad de otros funcionarios y si hubo más beneficiados”, cerró Pane.