El ex presidente Mauricio Macri quedó procesado por espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. La resolución fue firmada en la tarde del miércoles por el juez federal interino de Dolores Martín Bava, que encontró responsable al exjefe de Estado de los seguimientos y ciberpatrullaje que se hizo sobre un grupo de familiares del submarino que pedían que se buscara a la embarcación que estuvo desaparecida entre noviembre de 2017 y fines de 2018. Ademas, el juez lo embargó por la suma de 100 millones de pesos.
El juez además le volvió a prohibir la salida del país. Esa medida ya había sido dictada por Bava cuando lo llamó a indagatoria y fue revocada por la Cámara Federal de Mar del Plata la semana pasada. Ahora, el fallo del procesamiento volvió a disponerla en vigencia.
En la resolución de 171 páginas a la que accedió Infobae, el Juez explica: “El Gobierno Nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”.
A Macri se lo acusa por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”.
Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018. Se trata puntualmente de seis hechos. La causa se inició por la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño.
Pero para Bava, “las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata” y “le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”. Y se aseguró que por más que imputados hayan intentado “justificar la legalidad del informe” sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “estas personas no implicaban de ninguna forma una amenaza a la seguridad presidencial, por lo tanto, la confección de este informe es ilegal”.
En cuanto a la imputación de Macri, el magistrado fundamentó su imputación: “Desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, Macri ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia, y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.
De acuerdo a la información publicada por Infobae, ahora, la defensa de Macri apelará la resolución ante la Cámara Federal de Mar del Plata. En esa instancia fracasó dos veces en el intento por apartar al juez Bava. Hay, de todas maneras, un recurso presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal para impugnar a ese magistrado por prejuzgamiento y temor de parcialidad.
Además sigue activo el plan para que el caso pase a los tribunales federal de Comodoro Py. Para el abogado Pablo Lanusse, defensor de Macri, “sólo con recordar dónde se encuentra la Casa Rosada alcanza para desarticular este absurdo, y para reconocer que cualquier conducta de un Presidente de la Nación que se quiera investigar deberá serlo ante la jurisdicción de la CABA. Ese planteo fue hecho ante el juez Ariel Lijo, que -debe resolver si le reclama la causa por el espionaje del Ara San Juan a su par de Dolores y se genera así una discusión por la competencia”.
La discusión sobre la potestad de Comodoro Py para investigar no es nueva ni tampoco está saldada. Hasta ahora, el juzgado federal de Dolores logró quedarse al frente de las investigaciones que nacieron bajo su jurisdicción y que están atadas de un hilo: el caso D’Alessio, la causa por el espionaje en las bases AMBA y ahora el caso del espionaje a las víctimas del Ara San Juan.