La Cámara Federal porteña ordenó excarcelar a los cuatro detenidos que integran Revolución Federal, la organización acusada de haber difundido mensajes violentos y haber hecho “escraches” con el “fin principal imponer las propias ideas de la agrupación y combatir las ajenas por medio del temor”. La medida alcanza al referente del grupo, Jonathan Morel, y a Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Sabrina Basile.
Los cuatro habían sido detenidos y citados a declarar por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en respuesta a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación.
Ahora la Cámara le encomendó al juez que les imponga alguna medida que asegure que van a seguir sujetos la proceso y que no implique su detención, por ejemplo, comprometerlos a presentarse ante la autoridades, retenerles el pasaporte, fijarles una caución real para garantizar que no se van a fugar, entre otras.
Morel, de 23 años, se presenta como el dueño de una carpintería de Boulogne y en mayo de este año fundó Revolución Federal junto con Sosa, también de 23. El grupo se hizo conocido por manifestarse en contra del Gobierno con antorchas, una guillotina y un cartel que decía “Todos presos, muertos o exiliados” que exhibieron frente a la Casa Rosada.
La Cámara consideró, en el fallo sobre Morel, que “no existen riesgos procesales suficientes” para “mantener la medida de coerción personal dispuesta por el juez de grado”. Destacaron que “el mínimo de pena aplicable [al delito que se le imputa al acusado] ascendería a los tres años de prisión, lo que eventualmente avalaría una pena de ejecución condicional” y que la pena sería de ejecución condicional incluso si se aceptara la calificación, más dura, que propuso el fiscal.
“A lo dicho corresponde agregar que, conforme lo informado por el Registro Nacional de Reincidencia, el encausado carece de antecedentes condenatorios y que su domicilio se encuentra debidamente constatado en autos, contando así con arraigo”, dijeron los camaristas. En cuanto al posible entorpecimiento de la investigación, destacaron que no coincidían con el juez, “pues los elementos secuestrados ya se encuentran a disposición de las fuerzas encargadas de estudiarlos”.
La Cámara afirmó que el juez no identificó “en concreto cuáles serían los comportamientos obstructivos que Morel podría asumir en caso de recobrar su libertad” y que colaboró con la investigación porque “aportó voluntariamente las claves de sus redes sociales y PC y el patrón de desbloqueo de su teléfono celular para ser peritado”
Además, destacó que esta causa es independiente de la del atentado contra Cristina Kirchner porque así lo entendieron tanto la jueza de esa causa, María Eugenia Capuchetti, como la Cámara. “No se verifica –de momento- la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones, sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la investigación”, dijeron los camaristas. En términos similares se pronunciaron respecto de las situaciones de los otros acusados, a quienes también ordenaron dejar en libertad.