Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y de la Policía Federal allanan la sede de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Es en el marco de una causa por malversación de uso de elementos que tiene como principal acusado al director de la entidad, Aldo Tonón.
La investigación está a cargo del fiscal Carlos Rívolo, quien pidió el allanamiento que fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, informaron a Infobae fuentes judiciales. El objetivo de la medida es secuestrar documentación y computadoras que puedan ser útiles para el avance de la investigación.
La causa se inició a mediados de septiembre con la denuncia de un empleado de la obra social que dio cuenta de algunas irregularidades en el uso de elementos de la obra social que Tonón utilizaría con fines personales. El denunciante declaró en el expediente y se inició formalmente la investigación.
El expediente está bajo secreto de sumario y delegado en la fiscalía de Rívolo. La causa tramita en el juzgado federal 6 de Comodoro Py que estuvo a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. La jueza María Eugenia Capuchetti había ordenado la primera medida de orden de presentación a la obra social para que entregue las primeras informaciones.
Luego Capuchetti fue reemplazada por Rafecas, quien ahora está a cargo del juzgado 6 y recibió un pedido de Rívolo para hacer un nuevo procedimiento en la obra social. El allanamiento comenzó a las 7:30 horas.
Esta semana, se publicaron algunas de las irregularidades en la Obra Social que habían encendido alarmas en la Justicia.
Tonón, el directivo en la mira de las autoridades judiciales, es un hombre que responde al ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda. Llegó al cargo por recomendación del ex ministro de Salud, Ginés González García.
De hecho, quienes conocen los secretos de la Justicia, señalan que González García tuvo y tiene una participación importante en todo lo que sucede en la Obra Social por su profunda amistad con Maqueda, a quien llama “Patito”.
Entre las irregularidades denunciadas, figuran el tratamiento “VIP” a algunos afiliados con acceso a los jefes de la Obra Social; la administración financiera de los fondos del organismo; y la contratación de una empresa de ambulancias (”Emergencias Médica Integral S.A”) aparentemente vinculado al director de la obra social.