Publicado: 21/05/2026 UTC Nación Por: Redacción NU

Motosierra en Zonas Frías: se aprobó el ajuste en subsidios

La votación fue 132 a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Quiénes apoyaron al Gobierno.
Motosierra en Zonas Frías: se aprobó el ajuste en subsidios
Redacción NU
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El Gobierno logró la media sanción en la Cámara de Diputados para el recorte de subsidios al gas natural por Zonas Frías, una medida que busca generar un ahorro fiscal significativo. La votación concluyó con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, tras intensas negociaciones con gobernadores de diversas provincias. Este proyecto, considerado el punto central de la jornada legislativa, fue aprobado junto con la denominada Ley Hojarasca y una serie de tratados internacionales, mientras que se bloqueó un intento de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La clave para asegurar los votos a favor provino de un acuerdo con provincias del norte, a las que se les prometió una "compensación" mediante subsidios a la energía eléctrica para "zonas cálidas". Entre las beneficiadas potenciales se mencionaron Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. A pesar de las exigencias y temores de los gobernadores sobre el cumplimiento de la palabra de la Casa Rosada, el pacto permitió avanzar con la iniciativa que ahora pasará al Senado, donde se esperan nuevas rondas de negociaciones.

La modificación del régimen de Zonas Frías restringe la bonificación de hasta el 50% de la tarifa de gas exclusivamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Esto implica la exclusión de provincias que fueron incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. La reforma de 2021, impulsada por Máximo Kirchner, había extendido el beneficio a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red, partiendo de 950.000 beneficiarios iniciales.

Desde el Gobierno, se argumenta que la medida no dejará desprotegido a nadie que realmente necesite la ayuda estatal. Se ha asegurado que los hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales podrán registrarse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para mantener el beneficio. Asimismo, podrán inscribirse beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad, garantizando así una red de contención para los sectores más vulnerables.

Según datos de la Secretaría de Energía, el retorno al esquema original generará un ahorro fiscal de $272.099 millones. Esta reestructuración afectará a 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán. Adicionalmente, el proyecto permitirá a distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal saldar deudas con CAMMESA, a cambio de renunciar a reclamos judiciales o administrativos.

El debate en la Cámara de Diputados estuvo marcado por fuertes cruces. Mientras el oficialismo, a través de figuras como Facundo Correa Llano, defendió la medida como una corrección a años de "subsidios indiscriminados" y "populismo tarifario" que llevaron a la desinversión, la oposición calificó la iniciativa como un "tarifazo" encubierto. Argumentaron que la exclusión de zonas y la modificación en la base de cálculo del subsidio resultarán en aumentos significativos en las boletas de gas, afectando directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos, especialmente jubilados y familias de bajos recursos.

El senado dio dictamen a la inviolabilidad de la propiedad

El proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” impulsado por el Gobierno nacional obtuvo dictamen favorable en el Senado y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto en las próximas semanas. La iniciativa, elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, consiguió el respaldo de sectores de la oposición dialoguista luego de que el oficialismo aceptara introducir modificaciones importantes en el texto original.

Uno de los cambios más relevantes fue la eliminación completa del capítulo que proponía desmantelar el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), organismo encargado de la regularización de tierras en villas y asentamientos. La modificación respondió a cuestionamientos planteados por la Iglesia Católica y por distintos bloques opositores, que rechazaban la posibilidad de afectar procesos de integración urbana en barrios vulnerables.

Además, el oficialismo debió retroceder en otro de los puntos más polémicos del proyecto: la aplicación de desalojos sumarísimos en un plazo de tres días para casos de usurpaciones. El nuevo dictamen establece diferencias entre intrusos, usurpadores, locatarios y ocupantes precarios, y flexibiliza los procedimientos previstos inicialmente por el texto redactado por Sturzenegger.

La iniciativa forma parte del paquete de reformas promovidas por el Gobierno de Javier Milei para reforzar el derecho de propiedad y limitar herramientas de intervención estatal. Entre otros puntos, el proyecto introduce modificaciones al régimen de expropiaciones, cambios en la compra de tierras rurales por extranjeros y nuevas disposiciones vinculadas al uso de tierras y procesos de ocupación. Tras obtener dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, el oficialismo buscará ahora avanzar con su aprobación definitiva en el recinto de la Cámara alta.

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