Milei y Kicillof cruzan acusaciones por la pesca
La mesa de confrontación permanente entre el Gobierno Nacional y la administración bonaerense sumó un nuevo y lucrativo capítulo: la pelea por el calamar Illex argentinus. El conflicto estalló en el seno del Consejo Federal Pesquero (CFP) tras la adjudicación de 18 permisos de explotación a empresas nacionales y extranjeras, una decisión que motivó el retiro intempestivo de los representantes de la provincia de Buenos Aires. El eje del reclamo radica en que solo una de las habilitaciones otorgadas tiene como base operativa el puerto de Mar del Plata, mientras que el grueso de las licencias benefició a terminales portuarias de Chubut y Santa Cruz.
Para el gobierno de Axel Kicillof, el reparto de cuotas no es una mera cuestión técnica, sino una maniobra "antojadiza" y "discriminatoria" diseñada por la Subsecretaría de Pesca nacional para horadar el potencial productivo bonaerense. El ministro de Desarrollo Agrario provincial, Javier Rodríguez, denunció que la mayoría de los proyectos aprobados excluyen a Mar del Plata como destino de descarga, incluso tratándose de firmas radicadas en territorio bonaerense.
La magnitud del conflicto se entiende por las cifras en juego: las exportaciones de calamar reportan hasta US$ 550 millones anuales y generan miles de puestos de trabajo directos e indirectos en la industria frigorífica y logística.
La controversia escaló al plano de las sospechas políticas por la identidad de uno de los principales beneficiarios. La firma Glaciar Pesquera S.A., perteneciente al Grupo Newsan de Rubén Cherñajovsky, obtuvo una de las calificaciones más altas y un permiso de explotación vigente hasta el año 2050. Desde La Plata miran con recelo la cercanía del empresario con la gestión libertaria, recordando la visita oficial de Javier y Karina Milei a su planta de Ushuaia en 2025. Cerca de la gobernación bonaerense consideran que hay "demasiadas variables coincidentes" para que la adjudicación sea producto de la casualidad.
Otro punto de fricción central es la falta de incentivos para la industria naval local. La representación bonaerense cuestionó que ninguno de los proyectos aprobados contemple la construcción de buques en astilleros argentinos, una demanda histórica del sector para fortalecer el trabajo nacional. Además, denunciaron que el proceso de aprobación fue inusualmente veloz, con expedientes de cientos de fojas que se dieron a conocer apenas 24 horas antes de la votación definitiva. “Las autoridades de pesca tendrían que explicar por qué se apuraron tanto”, sentenció el ministro Rodríguez tras abandonar la reunión del Consejo.
Este enfrentamiento por los recursos marítimos se inscribe en una estrategia de confrontación total entre Milei y Kicillof, quienes ya proyectan sus figuras de cara a la sucesión presidencial de 2027. En las últimas semanas, el gobernador bonaerense redobló sus ataques contra el Ejecutivo Central, acusando a la gestión nacional de "robarse la plata" de los impuestos a los combustibles que deberían destinarse a las rutas provinciales. Por su parte, el Presidente responde calificando las políticas de Kicillof como "comunistas" e ineficientes, atribuyendo la falta de crecimiento de la provincia a la excesiva presión impositiva y al gasto público.
Mientras la zafra del calamar moviliza una compleja red de marinería, estibadores y técnicos de control de calidad, el puerto de Mar del Plata —que en 2025 operó un 40% más de embarques que Puerto Madryn— ve amenazada su hegemonía en el sector. La disputa por el acta 21/2026 del CFP deja en claro que, en el tablero político actual, cualquier recurso estratégico es susceptible de convertirse en un campo de batalla electoral. En esta edición real del “juego del calamar”, los ganadores ya han sido proclamados, pero las consecuencias sociales y productivas para la provincia de Buenos Aires aún están por verse.
