Más fondos para Aysa, Enarsa y Arsat para privatizarlas
El Gobierno de Javier Milei aumentó las transferencias del Tesoro a tres empresas públicas que busca privatizar en los primeros meses de 2026, mientras continúa con el proceso de venta de activos estatales. Según el “Monitor de Transferencias a empresas públicas” de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los giros hacia Aysa, Enarsa y Arsat se elevaron significativamente respecto del mismo período de 2025, a pesar de que dichas compañías están incluidas en un plan de venta directa o apertura parcial de capital en el mercado bursátil.
El caso de Aysa muestra el salto más pronunciado: las transferencias a la empresa de agua y saneamiento crecieron 890% entre 2025 y 2026, con un pico en abril cuando el Tesoro giró $30.600 millones, muy por encima de los $4.000 millones recibidos en el mismo período del año anterior. Aysa explicó que el desembolso responde al vencimiento de una Obligación Negociable (ON) tomada durante la gestión anterior, y precisó que el plan de obras vigente se financia con la tarifa que abonan los usuarios, sin necesidad de asistencia adicional del Estado más allá de ese pago puntual.
Enarsa, la empresa energética estatal que interviniene en la importación de GNL y en generación y distribución de electricidad, recibió $317.000 millones a inicio de año y en mayo sumó otros $35.000 millones, lo que representa un incremento del 245% respecto del mismo período de 2025. La Secretaría de Energía no suministró hasta ahora una explicación oficial sobre el destino de esos fondos, y consultada por este medio la cartera no precisó a qué respondía el aumento de las transferencias, lo que genera dudas sobre el uso de los recursos en una compañía que figura en el plan de privatización.
Arsat, la empresa satelital creada durante el kirchnerismo para gestionar infraestructura de conectividad del Estado, también registra un fuerte aumento: las transferencias crecieron 381% en el mismo período, con un desembolso cercano a $4.300 millones contra recursos prácticamente nulos en 2025. Aunque no hubo confirmación oficial sobre los motivos de ese incremento, trascendió que la empresa había evaluado una apertura parcial de su capital con una salida a la bolsa por el 49% del paquete accionario, mecanismo que permitiría al Estado retener el control mayoritario mientras incorpora capital privado; por ahora, esa posibilidad sigue siendo solo una intención, sin cronograma ni anuncio formal.
Los tres casos comparten un eje central: mientras el Gobierno plantea avanzar con la privatización de estas empresas, las transferencias del Tesoro hacia ellas aumentaron en lo que va del año, lo que ha generado debates sobre la lógica de la política de activos. Expertos y sectores opositores cuestionan si el Estado está reforzando financieramente compañías que pretende vender o abrir al mercado, y si ese incremento de recursos podría estar orientado a mejorar su posición en el mercado bursátil antes de la transacción.
Desde la perspectiva del Gobierno, la política de privatización busca racionalizar la gestión de activos públicos y obtener recursos para reducir el déficit, mientras que los aumentos de transferencias se justifican como cumplimiento de compromisos previos o como necesidad operativa puntual. Sin explicaciones oficiales en algunos casos, como en Enarsa, el debate sobre el destino de los fondos y la estrategia de venta de activos se mantiene abierto, y la tensión entre la lógica de privatización y el apoyo financiero estatal será uno de los temas que la oposición y los analistas económicos volverán a discutir en el Congreso y en la opinión pública.
