Los cambios en la SIDE repercuten en el Congreso y se viene un nuevo conflicto
Ya visibles los albores de 2026 con igual cantidad de deseos como de necesidades que persiguen esperanzas, los primeros bullicios se hacen escuchar en ambos Palacios. Tras conocerse el contenido del Decreto 941/2025 que reforma los Servicios de Inteligencia para su mayor implicancia, los espacios políticos dieron a conocer su posición y su reclamo ante la Justicia.
El Gobierno no puso freno a su embestida y el 31 de diciembre firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que fue publicado el primer día del año. La modificación de la Ley de inteligencia es un tema sensible y preocupa especialmente el contenido del artículo número 2 :¨Las actividades de ejecución de Contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales¨.
En suma, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial de este viernes 2 de enero el Decreto con el fin de modificar la Ley de Inteligencia (25.520). El camino elegido por los libertarios es aumentar las facultades al organismo que comanda el asesor presidencial Santiago Caputo. Entre esas nuevas facultades, se establece que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) queda como órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional, y en lo sucesivo se habilita a que la SIDE pueda "proceder a la aprehensión de personas" al tiempo que se declaran como "encubiertas" todas las actividades de inteligencia. El Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25, que redefine el Sistema de Inteligencia Nacional, “significa un franco retroceso de las libertades civiles frente a la injerencia del Estado”, advirtió el Centro Comunitario ALFA (colectivo de abogadas y abogados avocados al acompañamiento de las luchas sociales y a la asistencia solidaria de personas y comunidades en situación de vulnerabilidad).
Sin vacaciones válidas, las voces se hicieron oír y acudieron a la Justicia. Los legisladores nacionales Mónica Frade (Coalición Cívica), Esteban Paulon (Provincias Unidas) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) se manifestaron ante el Poder Judicial. La diputada Frade sostiene: “A través de la Acción de Amparo peticionamos la nulidad del Decreto 941, por Inconstitucional. Hay fundadas razones de forma (ausencia de necesidad y urgencia) y de fondo. De forma porque el Congreso sesionó en extraordinarias hasta el día anterior y podía el Poder Ejecutivo haber prorrogado para tratar este tema¨. Y agregó: ¨Modifica 40 artículos de la Ley de Inteligencia apropiándose de facultades que nos son propias e incluso vedadas, como la materia procesal penal nacional, al autorizar a "agentes" de inteligencia a proceder a "aprehensiones”. Asimismo, remarcó: ¨Existen además de este punto muchas otras razones, tales como no diferenciar la seguridad interior de la defensa nacional, como si fueran una misma cosa. El poderío que se pretende dar a la SIDE en desmedro de derechos y garantías ciudadanas es total. La impronta de toda la reforma es transformar al Estado en un Estado policíaco. Es una síntesis banal, por todo lo que implica esto. Por ende, esperamos una cautelar que suspenda el Decreto¨.
Desde otros sectores también se expidieron sobre la arremetida oficial, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y referentes de la UCR sumaron nuevos pedidos de amparo para que tribunales frene el DNU 941, que amplía competencias de la SIDE, por considerar que la reforma va contra derechos constitucionales y un sistema de gobierno democrático. De no ser rebatido, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) podrá detener personas sin orden ni seguimiento judicial, intercambiar información sobre ciudadanos sin regulación e involucrar a las Fuerzas Armadas en Inteligencia Interior, entre otros aspectos. Con respecto a las detenciones, el interbloque Unidos (conformado por Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal) declaró que las mismas contradicen el consenso democrático: «Los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta”, afirmaron.
Así las cosas
Con un 2025 cargado de sesiones más allá de haber sido electoral, 2026 inaugura con esta contienda su primer round. La petición es que el texto pase por el Congreso, aunque no haya estado en el temario de extraordinarias (ni lo vaya a estar) ya que el tema no reviste ni necesidad ni urgencia, punto que lo habilita a ser tratado. No obstante, los legisladores saben que en enero no es fácil conseguir quórum por eso quedará esperar al mes entrante para iniciar a tejer voluntades. El orden constitucional establece que el DNU 941/25 deberá ser tratado en el Congreso por la Comisión Permanente de Trámite Legislativo, que tiene diez días hábiles para tratar el texto luego que el Gobierno lo envíe al Parlamento. Según establece la ley 26122, el Gobierno debe comunicar el DNU en un plazo de 10 días hábiles, lo que por el momento no ocurrió porque es costumbre libertaria esperar al borde de las estipulaciones reglamentarias.
Sin embargo, el calor de verano está en pleno ascenso y sus cocciones también. El rechazo del DNU que evoca los tiempos más nefastos de detenciones clandestinas no es lo que prepara el Gobierno con mayor énfasis por el contrario destina esfuerzos a consolidar amistades para sus pretendidos cambios. El Gobierno formalizó la salida del Estado Nacional del control de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y transfirió su conducción y administración a Catamarca, en respuesta a un pedido del gobernador Raúl Jalil. El mandatario provincial fue decisivo en el Congreso para definir la distribución de fuerzas internas de las Cámaras y para aprobar el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal en el último tramo.
Búsqueda de antecedentes
Ante la premura de la actual gestión cabe analizar las causas de su accionar en plenos festejos navideños. En setiembre 2024 el Senado rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei que amplió el presupuesto de la ex SIDE en $ 100 mil millones en carácter de fondos reservados.
Desde que los DNU fueron incorporados a la Constitución nacional, fue la primera vez en la historia que el Congreso le rechaza esta herramienta a un presidente ya que primero fue rebatido en la Cámara Baja No obstante los $ 100 mil millones asignados vía DNU eran casi todo el presupuesto vigente en fondos reservados de la SIDE para 2024.En el momento de ser rechazado ya se había ejecutado un 75%.
De este hecho se desprende que en el Ejecutivo conocen que los cambios en inteligencia son considerados magnánimos y reconocidos como un abuso de poder .De acuerdo a tal lógica intentó meter por la ventana la premisa y esperar que la sensación térmica vaya descendiendo rumbo a febrero.
