Lijo y Mahiques: viaje polémico en plena disputa por la Corte
La delegación argentina que aterrizó en París para participar del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no pasó desapercibida en el plano interno. La presencia del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, junto al juez federal Ariel Lijo -autoridad que conduce una investigación vinculada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni- instaló un foco de tensión política en medio de una discusión sensible dentro del sistema judicial.
El magistrado es, según el contexto del caso mencionado, quien tiene a su cargo la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, además de indagaciones por presuntos vínculos irregulares con proveedores del Estado. En esa línea, el viaje de Lijo a la sede de la OCDE, donde se realiza el encuentro del GAFI, generó ruido por la coincidencia temporal entre una pesquisa de alto impacto institucional y su participación en el exterior.
El desafío de explicar avances frente a la lupa del GAFI.
Mientras transcurre la evaluación internacional, Argentina deberá exponer ante representantes de más de 200 jurisdicciones los avances realizados para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades financieras ilícitas. En el marco del seguimiento, la comitiva afronta un punto particularmente delicado: justificar por qué, pese a recomendaciones internacionales, el país enfrenta condenas limitadas y permanece bajo observaciones en investigaciones que se miran con escepticismo.
De acuerdo con las discusiones registradas en el texto difundido, dentro de los señalamientos del GAFI figura la necesidad de fortalecer investigaciones relacionadas con lavado de activos, especialmente en casos atravesados por corrupción, movimientos financieros informales y operaciones sospechosas en el mercado inmobiliario.
Marco normativo, pero limitaciones en la investigación del terrorismo
En relación con el financiamiento del terrorismo, la delegación habría planteado que Argentina cuenta con un marco normativo adecuado, aunque el panorama presenta dificultades en el plano operativo: se mencionan limitaciones en investigaciones, escasez de fiscales especializados y cantidad reducida de condenas.
El plenario del GAFI tiene lugar en la sede de la OCDE, en el contexto del último plenario bajo la presidencia de la mexicana Elisa de Anda Madrazo, donde se debaten amenazas para la integridad financiera global, se intercambia información y se revisa el cumplimiento de estándares.
Lijo y el viaje: “No fue invitado por el Gobierno”
Entre las explicaciones ofrecidas por la comitiva aparece un argumento central: que Lijo no habría sido convocado por el Gobierno argentino, sino por la propia organización internacional, en su condición de juez federal. Junto a ellos, también habría viajado Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).
Según el contexto señalado, Rodríguez Ponte aparece además como uno de los nombres que circulan en conversaciones para cubrir vacantes en la Justicia Federal, lo que suma otra capa de lectura política al operativo internacional.
El cruce en redes: Talarico cuestiona la versión oficial
La controversia se amplificó cuando la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talarico, negó en redes la narrativa oficial vinculada al rol de Lijo en la delegación. En su mensaje, sostuvo que sería falso que el GAFI hubiera invitado al juez, y afirmó que, en general, los jueces participan de estas instancias por pedido del Poder Ejecutivo.
Además, Talarico puso en duda el tamaño y los objetivos de la comitiva, integrada por unas 15 personas, y cuestionó el alcance del debate previsto en el plenario, señalando que el informe de seguimiento para Argentina se presentaría en diciembre de 2026, y no en ese momento.
La simultaneidad entre una causa judicial de máxima sensibilidad y la participación del juez a cargo de ese expediente en una delegación ante el GAFI dejó expuesto un escenario donde se mezclan credibilidad institucional, estándares internacionales y tensiones domésticas.
