Ley de Propiedad Privada: una victoria parlamentaria con derrota política
El Senado aprobó durante la madrugada de este viernes la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por el gobierno de Javier Milei, pero la votación dejó expuestas las dificultades del oficialismo para sostener su proyecto original. La Libertad Avanza (LLA) consiguió avanzar con 37 votos a favor y 33 en contra, aunque tuvo que resignar dos de los capítulos más cuestionados durante una extensa y tensa sesión: primero, la venta de tierras rurales a extranjeros y, finalmente, la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. El texto ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
La caída del capítulo sobre incendios representó otro golpe para Patricia Bullrich, que quedó al frente de una negociación atravesada por cambios de último momento y dificultades para reunir los respaldos necesarios. El oficialismo pretendía modificar las restricciones que impiden durante 30 o 60 años, según el caso, cambiar el destino de terrenos afectados por incendios. Sin embargo, ante la falta de consenso, terminó retirando esa parte del proyecto antes de la votación. De esta manera, seguirá vigente la legislación actual sobre protección de esas tierras.7
Un actor sigiloso y decisivo para que el resultado fuera de derrota para el oficialismo, según fuentes del Senado confiaron a NU, fue Sergio Massa que, para la extranjerización de tierras y capítulo del manejo del fuego se puso en contacto con los gobernadores Osvaldo Jaldo, Hugo Passalaqua, Rolando Figueroa y el salteño Gustavo Saénz.
El resultado dejó una iniciativa muy diferente de aquella que había presentado originalmente el Gobierno. En apenas unos días, La Libertad Avanza (LLA) tuvo que eliminar el capítulo que flexibilizaba la venta de tierras rurales a capitales extranjeros y luego abandonar la reforma del Manejo del Fuego. La oposición aprovechó el escenario para cuestionar la forma en que el oficialismo llevó adelante el debate. El senador Pablo Bensusán afirmó que, aun sin el capítulo de tierras, "el resto de los temas son de extrema gravedad ya que están afectando todos los recursos naturales estratégicos de la Argentina".
Otro de los puntos que generó fuertes críticas fue la forma en que llegó el proyecto al recinto. Según denunció el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, los senadores recibieron apenas una hora antes de la sesión un archivo "sin membrete, sin firma, con decenas de modificaciones". El legislador cuestionó además que esos cambios se hubieran realizado "a escondidas, en lugar de plantearlas públicamente en comisiones". La denuncia profundizó la imagen de improvisación que acompañó al oficialismo durante buena parte de la discusión parlamentaria.
El capítulo que finalmente permaneció en pie introduce modificaciones sobre las condiciones para avanzar con expropiaciones y establece mecanismos más rápidos para desalojos por usurpaciones y falta de pago de alquileres. En materia de expropiaciones, el texto busca limitar la declaración de utilidad pública y establece criterios específicos para determinar las indemnizaciones. En cuanto a los desalojos, incorpora procedimientos más breves, incluyendo una intimación previa de al menos diez días para los casos de falta de pago.
Desde la oposición también advirtieron que la reforma podría terminar judicializada. El radical Maximiliano Abad cuestionó especialmente el capítulo ambiental y sostuvo: "Estamos frente a una reforma que seguramente será judicializada, afectando justamente la previsibilidad que el Gobierno dice querer recuperar". En una de las intervenciones más duras de la jornada, la senadora Florencia López calificó al Ejecutivo como un "Gobierno chapucero, desorganizado" y afirmó que se trata de una administración que "improvisa" y cambia los temas cuando no consigue los votos necesarios.
Así, el Gobierno consiguió una victoria parlamentaria, pero a costa de achicar considerablemente el proyecto y exhibir las dificultades que enfrenta para imponer su agenda en el Congreso. La oposición incluso celebró abiertamente la eliminación de los capítulos más polémicos, mientras que dentro del oficialismo quedó la sensación de haber atravesado una jornada cuesta arriba.
La iniciativa llegará ahora a Diputados con un contenido recortado y con varios de sus aspectos centrales bajo cuestionamiento político y judicial, un escenario que vuelve a poner en evidencia los límites del Gobierno para transformar sus proyectos originales en leyes sin atravesar fuertes negociaciones.
