La Justicia intimó a Cerimedo por deuda millonaria
La Justicia Comercial intimó a Fernando Cerimedo y a la firma Numen Publicidad y Sondeos SRL a cancelar una deuda reclamada por el Banco Galicia. El expediente se inició a partir de un pagaré de $70 millones emitido por la empresa, cuyo cumplimiento habría sido garantizado por el consultor en calidad de avalista. Con la actualización de intereses y gastos, el reclamo presentado por la entidad financiera se acercaba a los $139 millones.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Comercial N.° 14, Secretaría N.° 27, en el marco de un juicio ejecutivo promovido por el banco. Además de ordenar la intimación de pago, el magistrado Pablo D. Frick estableció la inhibición general de bienes tanto de Cerimedo como de la sociedad. La cautelar busca evitar que los demandados dispongan de su patrimonio mientras avanza el proceso.
De acuerdo con la presentación realizada por Galicia, el pagaré fue extendido el 10 de febrero de 2025 y presentado al cobro el 10 de marzo del mismo año. El documento contemplaba, según la entidad, una tasa compensatoria del 57% anual y un interés punitorio del 28,5% anual en caso de mora. Esos conceptos fueron incorporados al cálculo junto con las costas derivadas de la ejecución.
Para instrumentar la orden, el juzgado dispuso librar un mandamiento por el capital reclamado y una suma estimada provisoriamente para cubrir intereses y costas. De ese modo, el monto de referencia utilizado para la intimación puede llegar a unos $140 millones, aunque esa cifra no representa necesariamente el importe definitivo que podría establecerse al finalizar la causa.
La resolución también prevé solicitar información a la Inspección General de Justicia sobre la inscripción de Numen Publicidad y Sondeos. Asimismo, el tribunal ordenó requerir datos al Registro Único Laboral y a la ANSES para determinar si existe información laboral vinculada con el demandado. Cerimedo y la empresa fueron citados a constituir domicilio y presentar eventuales excepciones dentro de un plazo de cinco días.
El trámite corresponde a un juicio ejecutivo, una vía procesal que permite reclamar obligaciones respaldadas por documentos como pagarés. Por ese motivo, la decisión conocida hasta ahora no constituye una sentencia definitiva sobre la existencia ni sobre el monto final de la deuda: se trata de una intimación de pago acompañada por una medida cautelar, mientras el expediente continúa su curso y las partes ejercen su derecho de defensa.
