La justicia en familia: el informe que incomoda
Una investigación sobre el funcionamiento del Poder Judicial volvió a poner el foco en la presencia de familiares de jueces, funcionarios y empleados dentro de los tribunales federales de Comodoro Py. El análisis advierte que los vínculos alcanzan a varios magistrados y reabre el debate sobre los mecanismos de ingreso, la transparencia institucional y los límites entre relaciones familiares y designaciones laborales.
Según el relevamiento presentado por el periodista Antonio Riccobene, de los ocho jueces federales de primera instancia que actúan en Comodoro Py, al menos cinco tendrían familiares directos trabajando en distintos juzgados. El dato expone una trama de relaciones que, de acuerdo con la investigación, se extiende más allá de los despachos de los magistrados y alcanza también a otros organismos y dependencias del sistema judicial.
Entre los casos mencionados aparece el de la jueza María Romilda Servini, quien tendría a su nieta trabajando en su propio juzgado y a otros parientes en diferentes tribunales. También fue señalado el juez federal Ariel Lijo, cuyo hijo Santiago se desempeña en el juzgado de Servini. En el despacho de Lijo, además, trabajarían familiares vinculados a otros referentes del ámbito judicial y público.
El análisis también incluyó la situación del juez Marcelo Martínez de Giorgi, a quien se le atribuye tener en su equipo a la hija de otro integrante de la Cámara Federal porteña y a sus dos hijos en juzgados criminales y penales de la Ciudad de Buenos Aires. Otro de los magistrados mencionados fue Sebastián Casanello, cuyo hijo Mateo sería funcionario judicial y cuya dependencia contaría además con la hija de un exjuez de Cámara.
La investigación plantea que el reglamento de la Justicia nacional prohíbe la designación de parientes bajo dependencia directa, aunque también habilitaría mecanismos que dejan zonas grises. “Permite, habilita los cruces de que, bueno, yo te doy uno, vos me das uno de los tuyos”, explicó Riccobene, al describir una modalidad de intercambio de nombramientos que podría sortear la prohibición formal.
El debate se extiende además a la designación de magistrados y a las negociaciones políticas en torno al Poder Judicial. Riccobene sostuvo que el Gobierno podría estar utilizando el nombramiento de jueces como forma de compensación para gobernadores aliados. El planteo vuelve a instalar una pregunta central: cómo garantizar independencia, idoneidad y transparencia en una estructura donde los vínculos familiares y políticos parecen tener un peso decisivo.
