La CGT recusó a los jueces que validaron la reforma laboral
La Confederación General del Trabajo (CGT) dio un nuevo paso en la disputa por la reforma laboral al presentar una recusación contra los dos camaristas de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que restablecieron la vigencia de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La organización sindical no solo cuestiona la imparcialidad de los jueces, sino que además pidió la nulidad de la sentencia del 23 de abril, que dejó otra vez en pie 83 artículos de la reforma que estaban suspendidos por una medida cautelar anterior.
En el escrito firmado por el abogado Pablo Arnaldo Topet, la CGT denunció “manifiesta parcialidad” hacia el Estado nacional y sostuvo que la Sala VIII carecería de competencia funcional para intervenir en el caso, lo que, en su lectura, implicaría una nulidad absoluta de la resolución. La central señala que esa decisión fue adoptada con una “insólita premura”, sin dar traslado a los sindicatos y sin esperar la formal radicación de la apelación, lo que agravaría la vulneración del debido proceso y la seguridad jurídica de los trabajadores.
Entre los puntos más sensibles del reclamo, la CGT apunta específicamente a Víctor Arturo Pesino, al que acusa de haber recibido un beneficio directo del Poder Ejecutivo al ser “premiado” con la continuidad en el cargo pese a haber alcanzado la edad de retiro, lo que, según la central, debilita su supuesta neutralidad. También cuestiona la figura de María Dora González, con quien sostiene que la pareja judicial actuó de manera coordinada para favorecer al gobierno, lo que habría llevado a la reactivación de normas que afectan derechos sindicales, el derecho de huelga y otras garantías laborales.
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— InfoGremiales (@InfoGremiales) April 27, 2026
La CGT recusó a los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino que volvieron a poner en vigencia la Reforma Laboral.#InfoGremiales #periodismosindical pic.twitter.com/As4mQh6qFW
Como vía subsidiaria, el sindicato interpuso un recurso de reposición “in extremis” en el que insiste en que la sentencia carece de fundamento jurídico y que sus errores no pueden subsanarse por las vías tradicionales, porque la apelación y la aclaración serían improcedentes en este caso. La CGT argumenta además que un posible recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema tendría un acceso “notoriamente incierto” y no garantizaría un control efectivo y oportuno sobre derechos de los trabajadores mientras el conflicto continúa abierto.
La central obrera solicitó además que las actuaciones sean remitidas a la Sala I de la Cámara, que considera la competente para resolver sobre la reforma laboral, y que se formalicen los procedimientos de recusación contra los dos camaristas. De acuerdo con la CGT, esa medida evitaría que la reforma se aplique de forma provisoria mientras se dirimen cuestiones de fondo sobre su constitucionalidad, lo que podría generar una situación de vulnerabilidad para miles de trabajadores y organizaciones sindicales.
El paso judicial de la CGT se inserta en un contexto de alta tensión entre el gobierno de Javier Milei y el movimiento obrero, que ya realizó marchas y acampes para frenar la modernización laboral. Si el planteo de la central avanzara y se aceptara la recusación, el caso podría ser reasignado a otra sala o incluso derivado a la Corte, lo que prolongaría el debate y redefiniría el escenario desde el que se discute el alcance de la reforma laboral en el país.
