Inocencia Fiscal II: el oficialismo consiguió la media sanción
En una sesión maratónica, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la ley de Inocencia Fiscal II, una reforma impulsada por el Gobierno para incorporar al sistema financiero los dólares que permanecen fuera del circuito formal. La iniciativa reunió 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, con el respaldo del oficialismo, el Pro, la UCR y bloques provinciales. El peronismo, la izquierda y los sectores más duros de la oposición votaron en contra.
La propuesta, promovida por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, amplía el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y modifica las condiciones para que ARCA pueda cuestionar las declaraciones de los contribuyentes. Además, elimina los límites vigentes de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio, y establece que una “discrepancia significativa” será aquella que implique una diferencia de al menos 15% en el impuesto que debería pagar el contribuyente.
Durante el debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado defendió los cambios por considerar que reducen multas para las MiPyMEs y limitan la discrecionalidad fiscal. El proyecto contempla una reducción automática del 25% en determinadas multas formales para pequeñas y medianas empresas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la exclusión de funcionarios y exfuncionarios de los beneficios del régimen. La restricción alcanza a autoridades de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires, además de legisladores, concejales, magistrados e integrantes del Ministerio Público. Durante la discusión, Gisela Scaglia sostuvo que no se puede admitir que un funcionario “se excuse en la inocencia fiscal para explicar cómo consiguió los bienes que tiene” y reclamó que la prohibición también alcance a los familiares.
La nueva ley fue discutida además por sus antecedentes políticos. La primera versión, aprobada en diciembre del año pasado e impulsada por el exdiputado José Luis Espert, recibió la adhesión de poco menos de 100.000 contribuyentes, entre ellos el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Ese recorrido volvió a ser utilizado por la oposición para cuestionar el alcance y la oportunidad de la reforma.
Martín Lousteau fue uno de los principales críticos del proyecto. El senador afirmó que “detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”. También propuso llamarla “la ley contra la persecución de evasores seriales, narcos y corruptos” o, en una formulación más breve, “ley de facilitación e impunidad de la evasión”.
En el cierre del debate, el legislador libertario Nicolás Mayoraz defendió la norma y cuestionó la postura del kirchnerismo. “Piden que liberen a Cristina y no quieren que los ahorristas incorporen al sistema los ahorros legítimamente ganados”, ironizó. Con la media sanción obtenida, el proyecto pasará ahora al Senado, donde el oficialismo deberá negociar nuevamente para definir si la reforma tributaria logra convertirse en ley.
