Gobierno amplió denuncias sobre Malvinas e identificó a 27 empresarios
El Gobierno de Javier Milei amplió su ofensiva judicial contra las empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y avanzó también sobre las personas que tuvieron intervención en esas operaciones. La presentación incorpora a 27 empresarios y directivos vinculados con las compañías señaladas por la exploración y eventual explotación de petróleo en la zona, en el marco de una estrategia que busca reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago. La iniciativa se suma a las denuncias anunciadas días atrás contra sociedades vinculadas con la actividad petrolera.
La ofensiva oficial también alcanza a distintas sociedades relacionadas con las operaciones petroleras. Entre las empresas denunciadas aparecen Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. La presentación fue impulsada por la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y apunta a establecer responsabilidades por actividades hidrocarburíferas que el Gobierno considera ilegales.
El conflicto adquirió una nueva dimensión a partir de los anuncios realizados por Milei a comienzos de septiembre. El Gobierno anticipó sanciones más duras para las compañías británicas que exploten hidrocarburos en aguas consideradas de soberanía argentina y dispuso acelerar la aplicación de la Ley 26.659, que establece restricciones para las empresas vinculadas con actividades petroleras en la plataforma continental. En paralelo, el Ejecutivo anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar la respuesta entre distintas áreas del Estado.
La disputa tiene además un fuerte componente económico. El desarrollo de Sea Lion, ubicado al norte de las islas, busca avanzar con la explotación offshore de petróleo y coloca a los recursos energéticos en el centro de la controversia entre la Argentina y el Reino Unido. De acuerdo con los antecedentes difundidos, detrás del proyecto se encuentran compañías de exploración de menor escala que las grandes petroleras internacionales, entre ellas la israelí Navitas y la británica Rockhopper.
Con la ampliación de las denuncias a 27 empresarios y directivos, el Gobierno busca que la disputa no quede limitada a las sociedades comerciales y que también alcance a quienes participaron de las decisiones vinculadas con las operaciones hidrocarburíferas. La Casa Rosada pretende de esta manera combinar la vía judicial con una mayor presión diplomática y económica sobre las compañías que intervienen en el área en disputa, mientras Milei insiste en que la defensa de Malvinas constituye una cuestión estratégica para la Argentina.
La escalada se produce en un contexto en el que el Presidente intenta darle un nuevo impulso internacional al reclamo argentino. Milei vinculó la cuestión Malvinas con la posición geopolítica del país y con el potencial de sus recursos naturales, al sostener que el crecimiento de las exportaciones y la inversión energética pueden fortalecer la posición argentina. Ahora, con las nuevas denuncias y la identificación de los responsables empresariales, el Gobierno busca llevar esa estrategia a un terreno judicial concreto.
