Fuera de la ley: Caputo retiene $6 billones y desata tormenta legal
El Gobierno nacional enfrenta nuevas críticas por la administración de fondos públicos destinados a infraestructura. Intendentes de distintos puntos del país denunciaron que el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, no ejecutó más de 6 billones de pesos recaudados con asignación específica, a pesar de que la legislación vigente establece su utilización en obras.
El reclamo fue impulsado por cerca de 150 jefes comunales que, en conjunto, presentaron un documento ante el Palacio de Hacienda. Allí exigieron no solo la reactivación de la obra pública financiada con esos recursos, sino también medidas para contener el impacto de la suba de combustibles y la caída de ingresos en sus distritos.
Según estimaciones difundidas por sectores técnicos, el monto acumulado asciende a unos 6,1 billones de pesos. La cifra incluye aproximadamente 3,1 billones provenientes del impuesto PAIS y otros 3 billones del tributo a los combustibles líquidos, ambos con destino específico para infraestructura que no habría sido cumplido.
En paralelo, los intendentes advirtieron sobre el freno casi total de la obra pública en los últimos años. Aseguran que no se registraron avances en rutas ni tareas de mantenimiento, mientras que miles de proyectos quedaron paralizados en todo el país, con un impacto directo en las economías locales y el empleo.
❗️ ¿LOS INTENDENTES PREPARAN UNA DENUNCIA CONTRA EL GOBIERNO?
— Diagonales (@diagonalesweb) April 14, 2026
Gabriel Katopodis, desde la protesta en el ministerio de Economía: “El gobierno no nos da ninguna respuesta. Si siguen sin contestar, vamos a presentar una denuncia penal. El ajuste sobre los intendentes es brutal y… pic.twitter.com/aOg2uTD3ZF
El planteo también incluyó críticas al esquema fiscal actual. Los dirigentes sostienen que la retención de estos fondos agrava la situación de provincias y municipios, que deben afrontar mayores demandas sociales sin el acompañamiento financiero de la Nación, en un contexto de inflación y caída del consumo.
Desde el ámbito municipal remarcan que la falta de ejecución de partidas específicas incumple normas vigentes y limita la capacidad de respuesta del Estado en áreas sensibles como infraestructura, salud y asistencia social. Además, advierten que la presión sobre los gobiernos locales aumenta ante el retiro de programas nacionales.
El conflicto abre un nuevo frente político entre la Nación y los gobiernos subnacionales. Mientras crecen los reclamos por una redistribución de recursos y un eventual rediseño del pacto fiscal, los intendentes buscan instalar el debate sobre el destino de los fondos recaudados y el rol del Estado en la reactivación económica.
