Ferraro: “La reforma a la ley de glaciares es regresiva y se va a judicializar”
Ferraro advierte que la reforma de la Ley de Glaciares es inconstitucional y terminará en la Justicia El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) manifestó su firme rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares que se debatirá el miércoles en la Cámara de Diputados, advirtiendo que, de ser aprobada, la norma será impugnada en los tribunales. Según el diputado, el proyecto vulnera los presupuestos mínimos de protección ambiental y representa un retroceso peligroso para el ecosistema cordillerano. "Creo que es totalmente regresiva e innecesaria", sentenció Ferraro, quien considera que la iniciativa busca priorizar intereses sectoriales por sobre el resguardo de recursos estratégicos.
Para Ferraro, la propuesta implica una "modificación encubierta del artículo 41 de la Constitución Nacional", que es el que garantiza el derecho a un ambiente sano y establece la obligación del Estado de dictar leyes de presupuestos mínimos. Ferraro señaló que el artículo 3 bis del proyecto es especialmente sugestivo, ya que establece que el ambiente glaciar y periglacial estarán protegidos solo "hasta que" las autoridades de aplicación determinen que no son reservas de recursos hídricos estratégicos. Según denunció, el articulado parece haber sido redactado "por los regulados más que por el regulador".
Frente a los argumentos que sostienen que la ley vigente frena el desarrollo económico, el legislador aportó cifras para desmitificar esa postura. Recordó que entre 2001 y 2009, cuando no existía la ley, las inversiones mineras fueron de 12 mil millones de dólares, mientras que entre 2015 y 2025, bajo la actual protección, ascendieron a 45 mil millones. "Un crecimiento del 270%", precisó, para luego afirmar que el avance de esta reforma responde a que "el lobby detrás de esta reforma es tremendo" y que la misma tiene "nombre y apellido" vinculados a proyectos específicos en las provincias de San Juan y Mendoza.
Uno de los puntos más críticos de su reclamo es el debilitamiento institucional del Instituto Nacional de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). Ferraro cuestionó que el Estado nacional retire el financiamiento de los inventarios para ceder la autoridad de aplicación a las provincias, lo que pondría en duda la rigurosidad de los controles. "¿Quién va a hacer los estudios de impacto ambiental? ¿Las provincias o las mismas empresas, como sucede en muchísimos lados?", se preguntó el diputado, alertando sobre la pérdida de una mirada científica técnica unificada a nivel nacional.
LOS GLACIARES EN JAQUE
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) April 6, 2026
Mañana La Libertad Avanza y sus aliados buscarán dictaminar la reforma regresiva de la Ley de Glaciares.
Sin glaciares perdemos ríos, agua, ecosistemas, producción y el futuro de muchas comunidades.
Defender los glaciares, es defender el desarrollo y el… pic.twitter.com/kaRK26Mwff
Asimismo, el referente de la Coalición Cívica advirtió sobre las tensiones federales que generará la nueva normativa, ya que el dominio de los recursos no se limita a los minerales, sino también a las cuencas hídricas que nacen en la Cordillera y comprometen a múltiples jurisdicciones. Al romper la uniformidad de criterios, Ferraro alertó sobre la posibilidad de un "dumping ambiental". Explicó que "podría desatarse una suerte de competencia entre las provincias mineras para ver cuál saca más rápido del inventario a un glaciar o a un ambiente periglacial" para atraer inversiones.
En cuanto a la promesa de inversiones cercanas a los 20 mil millones de dólares, Ferraro pidió poner en la balanza el valor estratégico del agua frente a proyectos extractivos con fecha de vencimiento. Aunque se mostró a favor de compatibilizar el desarrollo con la protección ambiental, cuestionó la visión a corto plazo de la matriz productiva propuesta: "estos proyectos que hoy anuncian inversiones millonarias son a veinte, treinta años, ¿y después qué?". Para el legislador, no es válido sacrificar un recurso vital e irreversible en nombre de una rentabilidad temporal.
Finalmente, Ferraro vaticinó un escenario de alta conflictividad legal si se sanciona la norma, asegurando que contradice la Ley General del Ambiente y acuerdos internacionales como el de la Unión Europea-Mercosur. "Va a tener una clara judicialización", concluyó, subrayando que este camino legal terminará por quitarle a las empresas la previsibilidad que supuestamente buscan, ya que la reforma "no le va a dar la seguridad jurídica que necesitan muchos de los proyectos productivos que pretenden instalarse en la zona".
