Vendedores ambulantes contra Gorgal
"Le pedimos al jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, ya con mucha bronca que nos saque de esta situación angustiosa que produce el ministro de Gobierno, Diego Gorgal, ejerciendo una persecución indiscriminada", manifiesta el referente de los vendedores de garrapiñadas, panchos y gaseosas que se instalaron desde las seis de la mañana de este miércoles 23, en la puerta de la Jefatura de la Ciudad con una decena de carritos.
Los vendedores, en condición de cuentapropistas, junto algunos artesanos, intenta continuar con la venta callejera como lo hicieron durante años. Sus competidores, según ellos, son las empresas privadas como Paladino y Tres cruces, que intentan ocupar sus lugares de venta.
Un joven funcionario de la Subsecretaria de Control Comunal, que depende del Ministerio de Gobierno, se acercó a la manifestación desarrollada en la puerta de sus oficinas a las 11:40. Este medio tuvo la oportunidad de entablar conversación con el jefe de Gabinete de la Subsecretaría, Carlos Espina, cabeza de la negociación con los vendedores callejeros.
"El operativo ya comenzó, en referencia al área del microcentro que impide la venta. Nosotros tenemos que cumplir la ley y ello tiene que con el orden del espacio público y terminar la venta ilegal. Entendemos que las familias se sustentan de la venta pero dentro de un ordenamiento van a poder continuar su trabajo", expresó Espina.
Con respecto a la incorporación de empresas privadas, el funcionario antes citado, negó que sea cierto.
"La ley 1166, que habla de la venta de alimentos en la vía pública, y su reglamentación resultan inconstitucionales en canto vulneran nuestro derecho de comerciar libremente. Nuestras peticiones son: que no haya zonas de exclusión que la ley no contempla, la incorporación de 150 compañeros que no cuentan con permisos, el reconocimiento de nuestra antigüedad a los fines de la obtención de los permisos administrativos, que los permisos sean otorgados por tiempo indeterminados y otorgar a los cooperativistas la cuenta de terceros permitiéndosenos la inclusión social", expresa un texto acercado por Daniel Cifuentes, con 17 años de vendedor, quien fuera detenido y a los pocos días liberado tras los incidentes en la Legislatura de la Ciudad, en julio de 2004, cuando se discutía la implementación del Código Contravencional.
