¿Qué hacemos con los presos?

Mi Ciudad. Las luces de mi Ciudad, me están llamando, me llaman...?, podrían haber tarareado varios funcionarios de la Justicia Federal, cuando el macrismo los tentó con la excitante tarea de hacerse cargo de la justicia y seguridad
porteña. Sin embargo, treinta días después de asumir, los versos popularizados por Nacha Guevara habrían sufrido una adaptación. No son pocos los que estarían repitiendo entre dientes ?Los presos de mi Ciudad, me están matando, me matan...?.

El Centro de Detención para Contraventores, sito en Viamonte 1115, fue inaugurado en el 2000, casi contra reloj.

La cárcel porteña, oculta detrás de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, no fue pensada ni diseñada como un penal de máxima ni de mediana seguridad. La institución únicamente
iba a alojar a las personas que violaran el Código de Convivencia. Pero años más tarde y gracias a la entrada en vigencia del Primer Convenio de Transferencias
Progresivas de Competencias Penales, la Justicia citadina comenzó a alojar -en los cuatro pisos habilitados- a procesados y condenados por delitos, situación que dejó
en evidencia la falta de acondicionamiento y seguridad del edificio para esos fines.

Con el nombramiento de Guillermo Montenegro como ministro de Justicia y Seguridad, las deficiencias de ese Centro se hicieron públicas, al anunciar, ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, la necesidad de trasladar a los procesados y condenados por delitos penales hacia un
reclusorio adecuado (hasta tanto la ciudad construya una cárcel para 400 plazas, un instituto de formación penitenciaria propio, o la firma de un nuevo convenio con el
Servicio Penitenciario Federal), hasta volver a concentrar en Viamonte al 1000, únicamente a los contraventores.

Pero en 2005, un informe presentado por Juan José Álvarez, secretario de Seguridad de la Ciudad por esas fechas, habló de ausencia de matafuegos, presión inadecuada de las mangueras, almohadas y colchones inflamables en un 100 por ciento, muebles no amurados e instalaciones eléctricas precarias. Y acercándonos a la actualidad, en 2007, la Subsecretaría de Justicia porteña recibió por mesa de entradas varias notas remitidas por el Centro de Detención de
Contraventores expresando reiteradas faltas del personal de seguridad (de los veinticinco agentes que deberían custodiar el edificio y los detenidos, en varias ocasiones sólo se
presentaron diez, o menos), la inexistente provisión de bastones, escudos, esposas y armamento (el personal utiliza armas propias), la insuficiente calefacción, la falta de insumos para limpieza y servicios administrativos, atrasos en la percepción de los haberes del personal y carencia de autoridad del Estado porteño sobre el personal de seguridad, debido a que están bajo el mando del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

?Todas estas irregularidades nacen en el momento de la puesta en funcionamiento del Centro de Contraventores. Cuando en el 2000 la Ciudad firma el convenio con el
entonces ministro de Justicia de Nación, Ricardo Gil Lavedra, se establece que el SPF tenía la autoridad de designar Director, Subdirector, Jefe Administrativo y personal de seguridad. La Ciudad se hacía cargo de los costos salariales, del mantenimiento del edificio -que en realidad tampoco pertenece a la Ciudad sino a la Corte Suprema- y del
nombramiento del personal administrativo. La autoridad de la Ciudad es prácticamente nula en la cárcel de Viamonte", reconoció a este medio, en estricto off, un funcionario
macrista.

Y haciendo un recorrido histórico, una fuente allegada al SPF recordó que el director designado para Viamonte fue Juan Pedro Develluk, el subdirector fue Jorge Gómez, y el jefe administrativo Héctor Zanetti.

?Develluk murió a los 4 meses y nunca se nombró un reemplazo. Gómez renunció en agosto de 2007, debido a que no obtuvo respuesta para el cobro de un aumento salarial
para el personal. Y Zanetti continúa en funciones pero sólo tiene responsabilidad sobre la administración de los agentes de seguridad, no ejecuta ni diseña políticas penitenciarias?,
comentó.

Ante esta situación, la Subsecretaría de Justicia porteña, a cargo de Daniel Presti, resolvió sugerir el traslado hacia reclusorios federales más seguros (Devoto y Marcos Paz), en caso de condenados por delitos penales. ?El objetivo es que la cárcel de contraventores aloje a contraventores, los cuales
no revisten mayor peligrosidad, y además son un número reducido. Los magistrados y funcionarios del Ministerio Público deberán trasladarse. Antes que el derecho a ser alojados en su jurisdicción, está el derecho a la seguridad, al esparcimiento en espacios abiertos -imposible en Viamonte- y a realizar actividades para la reinserción social de los detenidos?, resaltaron desde el entorno de Montenegro.

?Cuando se firmó el convenio, el espíritu era que el SPF designara personal retirado para que la Unidad tuviera una base fija. Luego cambió la conducción del Servicio, y siguiendo el criterio falso de que no existía un régimen disciplinario para agentes retirados, se cubrió todo el
personal con horas adicionales; al no estar bien pagas, muchos no se presentan a trabajar. La falta de agentes es continua, impide que los detenidos puedan realizar actividades fuera de sus celdas y permite las fugas?, describió otra fuente.

Debido a la ausencia de un director casi desde la puesta en funcionamiento del centro de detención, la Ciudad comenzó a nombrar directores políticos, los cuales tomaban escasas decisiones para el fortalecimiento del dispositivo penitenciario local, además de carecer de autoridad frente a los agentes.
Según informaron fuentes de la Subsecretaría de Justicia, ?aún no se ha nombrado ningún director o responsable político-administrativo. La autoridad en la
cárcel es Zanetti, y sólo el Servicio Penitenciario Federal tiene competencia para removerlo y/o nombrar funcionarios
para los puestos vacantes. Estamos analizando la documentación para ver por qué Viamonte es nuestra responsabilidad si carecemos allí prácticamente de competencias?.

Jorge Hadad, quien hasta el 30 de diciembre pasado fuera el responsable del desarrollo de la política penitenciaria durante
la administración Telerman, fue uno de los 2300 empleados a los que no se les renovó el contrato.

?Con la decisión de alojar en penales federales a los condenados por los delitos transferidos a la ciudad, observo un relegamiento de la autonomía. No debería abandonarse
la lucha en pos de una política penitenciaria autónoma. Es cierto que hay internos que por su historial no reúnen el perfil
para estar en Viamonte, pero hay otros que con un número de agentes adecuado y el acondicionamiento del edificio, podrían alojarse perfectamente en esa institución?, dijo Hadad.

Y en relación a la prioridad que tendrán los contratados no renovados para la cobertura de cargos por concurso, agregó:
?Si se abre un concurso para desarrollar políticas penitenciarias, seré el primero en presentarme?.

Para este año, la Comisión de Justicia de la Legislatura tiene el tema en agenda. El macrismo elevaría oportunamente un proyecto firmado por el diputado Oscar Zago, mientras que el kirchnerismo defenderá varias propuestas presentadas por la legisladora Silvia La Ruffa. Pero por más que el trabajo
de la comisión presidida por el macrista Martín Borrelli sea rápido, la Ciudad deberá esperar varios años para contar con
un penal propio. Y mientras tanto ... Viamonte volverá a ser lo que alguna vez fue, un centro mixto con más de 40 plazas
de capacidad, donde alojar a contraventores a quienes los jueces porteños apliquen como pena, la última ratio ... Una institución costosa para una situación infrecuente.