Las empresas recuperadas, en medio de una interna

Actualmente hay en la Legislatura porteña cuatro proyectos relacionados con las empresas recuperadas que han sido reconocidas en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos apuntan a salir del paso frente al vencimiento de algunas leyes sancionadas en el 2002, mientras que otros buscan una solución definitiva al tema, o bien establecen un marco regulatorio.

Dos de las iniciativas -presentadas por la ibarrista Laura Moresi y la macrista Gabriela Michetti- proponen la prórroga de las leyes que han declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación a distintas fábricas que están en proceso de quiebra y en manos de sus trabajadores. Moresi propone un año más de plazo antes de enfrentar el proceso expropiatorio, mientras que Michetti plantea que sean dos años más.

En los fundamentos de la iniciativa presentada por el oficialismo se asegura que "hoy en día, los procesos de expropiación inherentes a las leyes 881 (Cooperativa de Trabajo Vieytes Ltda), 882 (Cooperativa Chilavert Artes Gráficas Ltda.), 910 (Cooperativa de Trabajo La Nueva Esperanza Ltda.), 1005 (Cooperativa de Trabajo Diógenes Taborda Ltda.), 1037 (Cooperativa de Trabajo Cooperpel Envases Industriales Ltda.), 1077 (Cooperativa de Trabajo Viniplast Ltda.), 1164 (Cooperativa de Trabajo 18 de Diciembre Ltda.), 1219 (Cooperativa de Trabajo Gráfica Patricios Ltda.) , 1245 (Cooperativa de Trabajo La Argentina Ltda.), 1370 (Cooperativa de Trabajo Fénix Salud Ltda.) y 1371 (Cooperativa de Trabajo Maderera Córdoba Ltda.), siguen su curso, pero es dable resaltar que los dos años de plazo de ocupación temporaria otorgados en cada una de estas normas no han resultado suficientes para culminar dichos procesos".

En tanto, el proyecto del diputado macrista Helio Rebot (Frente Compromiso para el Cambio) crea un marco regulatorio para de las empresas recuperadas y que, a la vez, "no genere falsas expectativas en los emprendimientos que no tienen viabilidad". El macrista apunta a que, una vez expropiadas las empresas, las cooperativas paguen a la Ciudad su costo "en un plazo de hasta 10 años. Como facilidad adicional, se les dará prioridad para que las empresas sean proveedoras del Estado, siempre que las ofertas sean a igual precio, o hasta un 7 por ciento mayor que los demás oferentes".

El legislador y abogado del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), Diego Kravetz, establece en su iniciativa que en 30 días de sancionada la norma se comience el proceso de expropiación y que, entretanto, la Ciudad ceda a título oneroso esas instalaciones. Estos beneficios serán pagados por las cooperativas en 20 años con un plazo de gracia de 36 meses. El proyecto propone además que se exima del pago de los impuestos porteños.

Por su parte, el presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas Luis Alberto Caro aseguró: "Nosotros queremos que se prorrogue por dos años y se incorpore la posibilidad de que los trabajadores puedan comprar la fábrica. Esto se contrapone con el criterio de un diputado porteño (por Diego Kravetz) que no representa a Ghelco, Diógenes Taborda, Grisinópolis y Brukman. Él se hizo representante de estas fábricas pero no lo es. Hay algunos trabajadores que dicen que no tienen por qué pagar los bienes, lo que ocurre es que la Ley de Quiebras es una norma nacional y todos debemos respetarla. En estas fábricas los trabajadores cobran un sueldo entre 1.500 y 2.000 pesos y con ese sueldo ellos pueden ahorrar lo suficiente como para comprar los bienes al valor de la tasación de la quiebra. Esto no quiere decir que se paguen a valor de mercado ni que se hagan cargo de las deudas anteriores".

Caro agregó: "Me parece un proceso digno por parte de los obreros, porque muchas después de 30 o 40 años de trabajo los trabajadores obtienen el despido cuando cierra la fábrica, y de esta forma ellos tienen un buen sueldo que les va a permitir ser dueños del lugar donde trabajaron toda la vida. Porque si bien los empleados son acreedores privilegiados de la quiebra, hay otros acreedores que también necesitan cobrar, entonces pensamos que ésta es una medida armónica. Los trabajadores pueden pagar una parte en efectivo, y lo restante lo pueden compensar con su propio crédito laboral".

Además señaló que "el diputado Diego Kravetz está planteando la expropiación definitiva de las fábricas y nosotros no estamos de acuerdo con esto, porque consideramos que es muy gravoso para el Estado, ya que representa alrededor de 40 millones de pesos. Me parece que es pedir algo exhuberante, que vemos de difícil cumplimiento porque no hay voluntad política para tal planteo. Además, si las fábricas son viables, los trabajadores van a poder pagarlas, sólo necesitan tiempo para hacerlo.

Caro destacó que "hay una clara diferencia entre el Movimiento de Empresas Recuperadas y el Movimiento de Fábricas Recuperadas y es que nosotros confiamos firmemente en la organización de los propios trabajadores. Algunos piensan que el Estado debe comprar las máquinas, pagar los sueldos, garantizar la compra de lo que producen; en cambio nosotros creemos que las cooperativas deben capacitarse para poder comercializar en el mercado".

María Luisa Pino, integrante de la Cooperativa Nueva Esperanza, afirmó: "No estamos de acuerdo con la expropiación definitiva. Nosotros podríamos llegar a eso, pero en este momento queremos la prórroga para ir estudiando con lentitud y demostrar que podemos salir adelante. Trabajamos de lunes a sábado, se han incorporado dos empleados y tenemos la perspectiva de poner en funcionamiento otra línea de trabajo y eso permitiría crear ocho fuentes de trabajo más".

Además sostuvo: "Nosotros hacemos grisines de distintas clases. Vendemos en paquetes de 100 y 180 gramos y abastecemos a restaurantes. Todo aquel que quiera hacer régimen, hacer vida sana, le recomendamos comer grisines, ya que tienen un porcentaje de grasa muy bajo que es de 3,5 por ciento. Mientras que las galletitas de agua tienen un porcentaje del 14 por ciento".

Mientras que Norberto Monzón, miembro de la Cooperativa Vieytes, manifestó: "Si bien hay un proyecto del diputado Kravetz de expropiación definitiva, que nunca nos consultó si estábamos de acuerdo, nos parece que 20 años para pagar un inmueble es mucho tiempo y con tres años de gracia, por lo que el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, si se aprueba en la Legislatura lo va a vetar".

Monzón añadió: "Desde que comenzamos a trabajar en el 2002, ya hemos superado los cuatro millones de pesos en ventas. Los sueldos que estamos percibiendo son de aproximadamente 1.200 pesos, pero varía según la temporada. Ahora que se acerca el verano, vamos a poder comprar la materia prima en mayor cantidad y eso abarata los costos".

Por lo pronto, el próximo jueves se van a poner en consideración de todos los legisladores los diferentes proyectos presentados. Habrá que esperar a ver si las diferencias entre los movimientos involucrados puede más que la búsqueda de consensos en pos de los trabajadores.