El Gobierno recurre a la Corte para frenar la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un nuevo capítulo del conflicto judicial por los fondos destinados a las casas de estudio. La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro y constituye la última instancia legal a la que puede acudir el Ejecutivo.
El planteo tiene carácter suspensivo, aunque su efecto no es automático, por lo que el Gobierno continúa obligado a cumplir con la normativa mientras la Corte no se expida. En ese marco, fuentes oficiales admiten que deberán comenzar con el flujo de transferencias a las universidades, pese a que buscan frenar la ejecución plena de la ley.
La decisión se produce luego de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificara un fallo que ordena al Estado aplicar la ley de manera inmediata. La norma, sancionada por el Congreso y confirmada tras el rechazo al veto presidencial, establece una recomposición de partidas presupuestarias y salarios docentes, además de la reactivación de programas de becas.
Entre 2023 y 2026, el Gobierno recortó 47,4% el presupuesto de las Universidades Nacionales. El corazón del ajuste presupuestario fueron los salarios, que representan el 88,1% del presupuesto.
— Julia Strada (@Juli_Strada) April 17, 2026
La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795) implica un… pic.twitter.com/9RiA2xF9rV
Desde la Casa Rosada reconocen que el escenario judicial es adverso y que las posibilidades de revertir la situación en el máximo tribunal son limitadas. Sin embargo, optaron por avanzar con la apelación como una estrategia para ganar tiempo y discutir aspectos técnicos vinculados a la implementación y financiamiento de la medida.
El trasfondo del conflicto está atravesado por el impacto fiscal que implicaría cumplir con la ley. El Ejecutivo estima que su aplicación demandará alrededor de 2,5 billones de pesos, lo que, según advierten, podría afectar el equilibrio de las cuentas públicas y provocar el retorno del déficit.
En este contexto, la disputa entre el Gobierno y el sistema universitario continúa escalando tanto en el plano judicial como político. Mientras el oficialismo insiste en cuestionar la viabilidad financiera de la norma, desde las universidades y distintos sectores de la oposición reclaman su cumplimiento inmediato, en medio de una creciente tensión por la situación presupuestaria y salarial del sector.
