El Gobierno profundiza la crisis judicial al no renovar a la Defensora General
El Poder Ejecutivo nacional resolvió no extender el mandato de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, cuyo cargo quedará vacante el próximo 1° de febrero, cuando la funcionaria cumpla 75 años y deba obligatoriamente dejar el puesto que ocupaba desde 2006. La decisión se conoció con el anuncio de que el Ejecutivo desistirá de enviar al Senado el pliego para que Martínez continuara cinco años más en el cargo.
Martínez fue designada originalmente en 2006 y desde entonces lideró el Ministerio Público de la Defensa, organismo clave para garantizar la representación técnica de las personas ante la justicia federal y nacional. Su salida dejará a la Defensoría sin titular de manera definitiva, agravando una estructura judicial ya debilitada por la falta de designaciones.
La vacante será cubierta de forma provisoria por Julián Langevín, actual defensor ante la Corte Suprema de Justicia, quien asumirá interinamente tras el retiro de Martínez. De esta manera, dos de los cargos más relevantes del sistema judicial federal —el de Defensor General y el de Procurador General— estarán ocupados por funcionarios en funciones transitorias.
La decisión se enmarca en un contexto donde la Justicia argentina enfrenta una crisis de vacantes que abarca un porcentaje alarmante de sus cargos clave, estimado en cerca del 37% del total de puestos, lo cual obliga a que magistrados subroguen múltiples juzgados y retrase el trámite de causas judiciales.
🚨LA CRISIS ACTUAL DEL PODER JUDICIAL🚨
— Revolución Popular (@RPN_Oficial) May 28, 2025
🏛"Más del 90% del pueblo argentino no cree en la justicia argentina"⚖
❌UNA VERGÜENZA❌ pic.twitter.com/UmtBUWlbXe
Desde el Gobierno sostienen que, ante esta situación, se está diseñando una estrategia para enviar un paquete masivo de pliegos al Senado una vez que comiencen las sesiones ordinarias, con el objetivo de cubrir gran parte de los juzgados, fiscalías y defensorías que hoy operan sin titulares permanentes. Según fuentes oficiales, esta presentación buscará respetar el orden técnico de mérito para desafiar al Senado a aprobar candidatos calificados, más allá de alineamientos políticos.
La falta de nombramientos y la proliferación de cargos interinos se da además en otras instancias clave del sistema judicial. Dos de las cinco sillas de la Corte Suprema de Justicia permanecen vacantes, y pese a los esfuerzos por designar candidatos, la integración plena del máximo tribunal sigue sin resolverse por falta de acuerdo político.
La situación crítica ya había sido advertida por distintos actores judiciales y políticos, que señalan que la prolongada demora en cubrir cargos impacta en la eficacia del servicio de justicia y genera un “apagón institucional” que perjudica la atención de casos y la gestión de causas en todo el país. Este contexto pone en tensión la capacidad del sistema judicial para responder a las demandas ciudadanas y cumplir con plazos razonables de justicia.
