El Gobierno busca oxígeno político y rearma puentes con aliados
Con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027, el Gobierno de Javier Milei comenzó a modificar su estrategia parlamentaria y busca recuperar el diálogo con los sectores aliados que en los últimos meses se alejaron de la Casa Rosada. El oficialismo analiza desempolvar proyectos de ley de menor impacto político pero con beneficios concretos para provincias y sectores productivos, como una señal para recomponer vínculos con el Pro, la UCR y algunos gobernadores. La apuesta aparece después de los recientes cruces por los pliegos judiciales y del revés sufrido con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La nueva hoja de ruta contempla dejar en segundo plano algunas iniciativas de alto voltaje político para concentrarse en proyectos capaces de generar resultados más visibles y rápidos. Entre las propuestas que volvieron a la agenda aparecen la reducción del IVA para la mandioca y modificaciones al régimen de banquinas, iniciativas que habían quedado relegadas durante el tratamiento de las grandes reformas impulsadas por el Ejecutivo. La idea es ofrecer señales concretas a dirigentes provinciales y legisladores que podrían convertirse en socios electorales del oficialismo.
El giro responde también a las dificultades que encontró La Libertad Avanza (LLA) para construir mayorías propias en el Congreso. Los últimos traspiés dejaron en evidencia que el Gobierno todavía necesita negociar con bloques dialoguistas para avanzar con sus principales proyectos. En ese contexto, la Casa Rosada pretende utilizar iniciativas impulsadas por los propios aliados como una herramienta para recomponer confianza y generar un clima político más favorable antes de entrar de lleno en la discusión electoral.
Detrás de esta estrategia existe, además, un objetivo legislativo de mayor alcance. El oficialismo necesita sumar respaldo para iniciativas que considera centrales para la segunda mitad de su gestión, entre ellas la reforma del Banco Central y el proyecto de inocencia fiscal. La apuesta consiste en avanzar primero con medidas de menor conflictividad para facilitar acuerdos posteriores sobre proyectos que podrían generar mayores resistencias entre gobernadores y legisladores.
El cambio de tono se produce mientras comienzan a acelerarse las conversaciones sobre eventuales acuerdos electorales entre La Libertad Avanza (LLA) y sectores del Pro, la UCR y dirigentes provinciales. La Casa Rosada busca llegar a esa instancia con un vínculo parlamentario más aceitado y evitar que los conflictos recientes se transformen en obstáculos para la construcción de alianzas. En paralelo, el oficialismo también necesita ordenar su propia estrategia electoral y definir hasta dónde avanzar con una identidad libertaria pura y cuándo priorizar acuerdos territoriales.
Así, el Gobierno ingresa en una etapa en la que la gestión legislativa y la estrategia electoral comienzan a mezclarse cada vez más. La prioridad ya no parece ser únicamente imponer una agenda de grandes reformas, sino también recuperar capacidad de negociación y construir una red de aliados que permita sostenerla. Después de los recientes tropiezos en el Senado, la Casa Rosada intenta cambiar el método: menos confrontación en algunos frentes, más concesiones y proyectos de impacto directo para reconstruir puentes antes de que la carrera hacia 2027 termine de ordenar el mapa político.
