El aborto fallido llega a la Corte
La búsqueda del freno del aborto que se iba a realizar a una mujer embarazada en el marco de un caso de trata de personas el pasado martes en un hospital público de la Ciudad motivó a la asociación Civil Pro Familia a recurrir tanto a la Justicia de la Ciudad como a la de la Nación. Si bien la orden judicial suspendiendo la intervención llegó de la mano de la jueza nacional en lo Civil Myriam Rustan de Estrada, en la justicia porteña no sólo el juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Guillermo Scheibler rechazó los planteos de la ONG, también la Cámara ?en base a la jurisprudencia de la Corte- entendió que la justicia no debería intervenir en este caso.
Con el voto unánime de los integrantes de la Sala I de la Cámara CAyT, los jueces Inés Weinberg de Roca, Mariana Díaz y Carlos Balbín, resolvieron ?no hacer lugar a la apelación y, en consecuencia, confirmar ? el fallo de juez Scheibler rechazando el dictado de una cautelar que suspendiera el aborto, pero, debido a la existencia de otro expediente sobre el mismo tema tramitando en la Justicia Nacional en lo Civil, plantearon el conflicto y dispusieron ? la inmediata elevación de la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ?con habilitación de días y horas inhábiles? a fin de que dirima la contienda positiva de competencia entre magistrados de distintas jurisdicciones?.
?Las decisiones judiciales adoptadas en esta causa y en la que tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 56 suponen la aceptación de la competencia, con respecto a un mismo litigio y de manera simultánea, por magistrados de distintos fueros y jurisdicciones. En las excepcionales y urgentes circunstancias del caso, ello autoriza a superar ápices formales y en tal medida resulta suficiente para tener por configurada una contienda positiva de competencia cuya resolución compete a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su carácter de superior común a los jueces en conflicto?, expresa el voto de las juezas Weinberg de Roca y Díaz (esta última recientemente designada en el cargo de camarista).
En un voto propio, Balbín, y destacando la importancia de acelerar los tiempos procesales, el magistrado porteño manifestó: ?El tribunal no puede soslayar la importancia de los derechos involucrados en este conflicto. En efecto, las especiales circunstancias que rodean al caso obligan a la Justicia a pronunciarse antes de que la cuestión se torne abstracta. En este contexto, los aspectos procesales habrán de interpretarse de modo que se reconozca el derecho de acceso a la justicia y, en particular, el derecho a obtener una decisión judicial en tiempo oportuno?.
Con la resolución de la Cámara porteña planteando el conflicto de competencias entre la justicia nacional y la de la Ciudad y solicitando la intervención de la Corte, el expediente por el caso de un aborto de un embarazo fruto de una violación quedará en manos del máximo tribunal nacional de forma inmediata, sin esperar el trámite de la apelación planteada por el Gobierno de la Ciudad contra el freno ordenado por la jueza nacional en lo Civil Myriam Rustan de Estrada. Ante la jurisprudencia de la Corte sobre el aborto no punible en casos de violación, todo indicaría que la interrupción del embarazo de la mujer víctima de trata podría concretarse en breve.
