La guerra de la lotería
La Cámara de Agentes Oficiales de la Lotería Nacional (CAOLN) manifestó su "profundo rechazo" a la legalización del juego clandestino, al tiempo que respaldó la normativa aprobada sobre este tema por la Legislatura porteña, que comenzará a tener vigencia en enero próximo.
A modo de respuesta a la movida de la rama quinieleros del Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA), que organizó una marcha en repudio al Código Contravencional, que en sus artículos 116 y 117 establece multas de 15 a 45 días de arresto para quienes los organicen o exploten el juego clandestino, y multas de entre 20.000 y 60.000 pesos y arresto de entre 10 y 30 días para quienes lo promuevan, comercien u oferten. También, en su artículo 118, la norma porteña establece sanciones de 10.000 a 30.000 pesos de multa y 5 a 15 días de arresto para quienes desarrollen sorteos, apuestas o juegos autorizados en lugares distintos al indicado por la ley.
"El flagelo del juego clandestino priva al Estado de fondos que, en momentos de crisis como los que vive nuestro país, deben estar destinados a atender a quienes más lo necesitan", indicó Diego D'Agostino, presidente de la CAOLN.
La entidad manifestó su profundo rechazo a la legalización del juego clandestino, al tiempo que respaldó la normativa aprobada sobre este tema por la Legislatura porteña, que comenzará a tener vigencia en enero próximo.
Del mismo modo, D'Agostino señaló que se publicó y está siendo distribuido un dossier contra el juego clandestino, en el que se reúnen las posiciones de instituciones como Lotería Nacional SE., del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLYC), del sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA), la Cámara de Agentes Oficiales de la Lotería Nacional y la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerense. "En el dossier quedan ampliamente demostrados todos los perjuicios sociales que trae aparejados el juego ilegal, así como también que la solución ante este tema no es la radicación, sino la erradicación", señaló. Por el contrario, SIVARA viene reclamando la creación del Instituto Nacional de Quiniela Ambulante.
La CAOLN resaltó la importancia del respeto hacia toda la normativa vigente en relación con la temática del juego, tendiente a asegurar el lugar del Estado como órgano de control, encargado de la reglamentación y con poder de policía sobre la actividad, para evitar que ésta pueda ser explotada por fines inescrupulosos. Aunque resulta difícil obtener estadísticas sobre el juego clandestino, la CAOLN calcula que éste "evade impuestos por 300 millones de dólares, sólo en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires".
"Lo que se presenta como una mejora laboral para los vendedores ambulantes de quiniela no es más que la profundización de la precariedad laboral en la que se encuentran, sirviendo de soporte para la organización clandestina que promueve el juego por fuera de los carriles legales. Sin dudas, sólo el apego a las leyes permitirá asegurar el cumplimiento de las normas existentes, que han sido formuladas para que el Estado pueda utilizar los fondos provenientes del juego para acción social de manera seria, prolija y transparente", señalan las instituciones en la presentación del dossier.
Los miembros de la CAOLN resaltaron que esta entidad "tiene 15 años de trayectoria y representa a más de 15.000 agencias oficiales de todo el país".
