DNU de Inteligencia: 23 organizaciones exigen que el Congreso lo rechace
Un frente de más de 20 organizaciones civiles ha hecho un llamado contundente al Congreso de la Nación para que se rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25, firmado por el presidente Javier Milei, que amplía las competencias de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Entre los firmantes se encuentran Amnistía Internacional, la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes advierten que la norma es "manifiestamente inconstitucional".
El comunicado conjunto resalta que el DNU rompe consensos básicos y amplía el margen de discrecionalidad estatal, debilitando los controles y facilitando prácticas que se creían superadas. Además, las organizaciones destacan que el decreto podría poner en riesgo las garantías constitucionales de los ciudadanos, aumentando las posibilidades de vigilancia masiva y detenciones arbitrarias.
Las acciones impulsadas por estas organizaciones se suman a los varios amparos presentados en los tribunales para suspender la aplicación del DNU, que tiene directivas controversiales. Este viernes se vence el plazo para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remita el decreto al Congreso, donde la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tendrá diez días hábiles para dictaminar sobre el mismo.
Con el DNU que a partir del 1° de enero amplía las facultades a la SIDE el estado va a poder detener personas y escuchá esto: va a poder usar herramientas digitales para hackear tu teléfono sin permiso de nadie. Y la libertad dónde está? pic.twitter.com/5GAiVa6Fuz
— Carlos (@charlescaissa) January 7, 2026
El contenido del DNU ha generado alarmas, ya que otorga a los agentes de inteligencia facultades de detención, lo que se interpreta como un grave retroceso en materia de derechos humanos. La declaración conjunta sostiene que, por primera vez en democracia, los agentes de inteligencia tendrían poder para detener a personas sin criterios claros ni garantías judiciales, abriendo la puerta a abusos.
Este decreto también habilita a las Fuerzas Armadas a llevar a cabo tareas de inteligencia sobre "organizaciones no estatales", lo que ha generado preocupación entre los activistas por derechos civiles. Al permitir la intervención de agencias de inteligencia en la vida política, social y económica, se considera que se está anulando la prohibición vigente contra el espionaje político.
Las organizaciones firmantes concluyen que no existen circunstancias excepcionales que justifiquen eludir el debate legislativo y exigen que el Congreso tome acción inmediata para rechazar el decreto. La presión se intensifica en un contexto político donde los derechos humanos y las libertades individuales están en el centro de la discusión pública, y el futuro del DNU se encuentra en manos de los legisladores.
