Detención de CFK: un informe sacude la política
Integrantes del Consejo de la Magistratura presentaron un informe en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA sobre la "arbitrariedad" de las condiciones de prisión domiciliaria que cumple Cristina Fernández de Kirchner. Durante el encuentro, el senador de Unión por la Patria (UP), Mariano Recalde, calificó la situación como una "persecución política" y denunció que la expresidenta, quien reside en su departamento de Constitución desde hace casi un año con tobillera electrónica y proscripción, enfrenta restricciones que no se aplican a otros detenidos por delitos graves.
El foco de la presentación estuvo en las limitaciones impuestas a las visitas, permitidas únicamente dos veces por semana con una duración máxima de dos horas. Recalde sostuvo que estas medidas "no tienen ni los narcos, ni los genocidas, ni los criminales que cometieron los delitos más atroces". Según los expositores, la investigación demuestra que la decisión judicial "no tiene nada que ver con la justicia", sino que responde a una estrategia política diseñada para "impedirle a Cristina que reorganice el peronismo".
La consejera Vanesa Siley enfatizó la importancia de informar a la ciudadanía con datos objetivos tras evaluar casi 2.200 casos de prisión domiciliaria en el territorio nacional. Siley describió la situación en la denominada Causa Vialidad como un "mamarracho" y afirmó que los relevamientos exponen un "grado de discriminación flagrante" contra la exmandataria. "Evaluamos condiciones de detención que son realmente únicas", señaló la funcionaria ante un auditorio compuesto por estudiantes, docentes y referentes políticos.
Por su parte, Rodolfo Tailhade aportó cifras sobre el régimen de detención de personas vinculadas al narcotráfico para contrastar con la situación de Kirchner. El consejero detalló que de los 1.280 narcotraficantes que gozan de prisión domiciliaria en Argentina, solo el "0,8% tiene restricción de visitas", mientras que el 43% puede salir de sus hogares sin inconvenientes. "Estas son las prioridades del poder judicial en Argentina, que hoy es responder a sus jefes y no hacer lo que tienen que hacer por el pueblo", sentenció Tailhade.
PEORES CONDICIONES QUE NARCOS Y REPRESORES
— Mariano Recalde (@marianorecalde) June 9, 2026
Cristina tiene que usar tobillera electrónica y solo puede recibir visitas 2 veces por semana, durante 2 horas y no más de 3 personas.
Ni a los narcos ni a los condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen prisión domiciliaria… pic.twitter.com/TpVeylb49x
El debate también abordó la vigencia de la imagen pública de la expresidenta a pesar de su encierro y las restricciones para comunicarse. Tailhade recordó que sectores del poder exigieron endurecer las condiciones tras una reunión de la exmandataria con economistas del Partido Justicialista, argumentando que sus adversarios "le tienen miedo. Le impiden hablar de política, reunirse con gente, para que su imagen pare de subir y para sacarla de la cancha, pero lo sigue siendo", afirmó el diputado respecto a la centralidad política de la dirigente.
César Grau y Mariano Recalde trazaron paralelismos históricos entre la situación actual y las figuras de Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón. Grau recordó que a Yrigoyen "le imputaron delitos totalmente imaginarios" y que sus carceleros temían que su carisma sedujera a los guardias. Recalde, por su parte, comparó el presente con la "persecución, odio y ensañamiento de la oligarquía" contra Perón, aunque se mostró optimista al recordar que el líder justicialista logró regresar al país y recuperar la presidencia tras su exilio y proscripción.
El evento, que contó con la presencia de figuras como Eduardo "Wado" de Pedro y Eduardo Valdés, se desarrolló en un clima marcado por la música de Los Redondos, a pocos días del fallecimiento del Indio Solari. La senadora Anabel Fernández Sagasti cerró las exposiciones criticando la aplicación del derecho en la Causa Vialidad: "Todas las cosas que se enseñan en esta casa de estudios, en Comodoro Py no se aplican, se les quemaron los libros". El encuentro concluyó con un llamado a la movilización frente a lo que definieron como un retroceso institucional.
