Del tribunal a la celda, un protocolo polémico: ¿para represores?
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la elaboración de un nuevo protocolo médico destinado a evaluar las condiciones de salud de los detenidos y las posibilidades de que reciban tratamiento dentro de los establecimientos penitenciarios. La decisión quedó plasmada en la Acordada 21/2026, firmada por los tres integrantes actuales del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Aunque la medida alcanza a las personas privadas de su libertad en general, su aplicación podría tener consecuencias en los pedidos de prisión domiciliaria de represores detenidos por causas de lesa humanidad.
El encargo recayó sobre el Cuerpo Médico Forense, que deberá elaborar los criterios necesarios para determinar el estado de salud de cada interno y establecer si las patologías que presenta pueden ser atendidas adecuadamente dentro de la cárcel. El protocolo deberá contemplar exámenes e informes médicos, las condiciones concretas de detención y la posibilidad efectiva de realizar los tratamientos requeridos en el establecimiento donde se encuentra alojada cada persona.
Según la resolución, el objetivo es “sistematizar los criterios” y brindar a los magistrados “mejores elementos de juicio” para decidir sobre la procedencia de una prisión domiciliaria por razones de salud. La Corte no dispuso la liberación ni el traslado de ningún detenido en particular: la decisión sobre eventuales beneficios continúa en manos de los jueces competentes. Sin embargo, la creación de un procedimiento específico podría facilitar la evaluación de futuros planteos vinculados con la edad avanzada o enfermedades de los presos.
La decisión adquiere especial relevancia porque una parte importante de los detenidos por delitos de lesa humanidad son personas de edad avanzada y con distintos problemas de salud. De acuerdo con datos difundidos a partir de información de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, 76 represores permanecen actualmente detenidos en cárceles, mientras que alrededor de 440 cumplen arresto domiciliario, por lo que más del 85% de ese universo ya se encuentra fuera de establecimientos penitenciarios. Entre quienes permanecen presos figuran Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta y Christian von Wernich.
El protocolo deberá estar terminado en un plazo de 30 días corridos y posteriormente será distribuido entre los jueces penales, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y el Poder Ejecutivo. La iniciativa generó posiciones contrapuestas: mientras sectores vinculados a familiares y organizaciones que reclaman beneficios para represores celebraron la decisión, organismos y referentes vinculados a los derechos humanos expresaron preocupación por el posible impacto sobre el régimen de cumplimiento efectivo de las condenas.
La medida vuelve a colocar en el centro de la discusión judicial el régimen de detención de los responsables de crímenes cometidos durante la última dictadura. Si bien el protocolo no implica por sí mismo una modificación de las condenas ni habilita automáticamente la prisión domiciliaria, sí establece nuevos criterios médicos que podrán ser utilizados por los magistrados al analizar cada caso. Su implementación durante las próximas semanas permitirá determinar hasta qué punto esta herramienta modifica el escenario para los represores que permanecen detenidos.
