Indemnizaciones en disputa: la reforma laboral bajo la lupa
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia luego de que distintos tribunales declararan inconstitucional un artículo que establece un régimen de actualización diferenciado para determinados créditos laborales. El cuestionamiento apunta al artículo 55 de la ley de modernización laboral, sancionada por el Congreso el pasado 28 de febrero, que puede implicar una reducción de hasta el 33% en las indemnizaciones correspondientes a trabajadores que ya habían iniciado juicios al momento de la entrada en vigencia de la normativa.
La controversia se profundizó por la existencia de criterios contrapuestos dentro de la propia Justicia laboral. Mientras la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que la norma vulnera garantías constitucionales, las salas II y VIII avalaron su aplicación. De esta manera, quedaron expuestas diferencias entre distintos tribunales respecto de una de las disposiciones más sensibles de la reforma impulsada por la administración libertaria.
Uno de los fallos cuestionó especialmente el mecanismo previsto por el artículo 55, que fija un piso equivalente al 67% del monto que surgiría de actualizar el crédito laboral mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una tasa de interés pura del 3% anual. En la práctica, ese esquema puede representar una pérdida del 33% respecto del cálculo contemplado para otros créditos laborales. Los jueces entendieron que la disposición no constituye solamente un cambio en la forma de actualizar las deudas, sino que supone una reducción sobre el valor económico de los derechos reclamados judicialmente.
El planteo judicial se apoyó en distintos artículos de la Constitución Nacional. Entre los argumentos centrales aparece la posible afectación del derecho de propiedad y del principio de igualdad ante la ley, además de la protección especial que la Carta Magna reconoce a los trabajadores. Según el razonamiento de los magistrados, quienes recurrieron a la Justicia para reclamar sus indemnizaciones quedarían en una situación menos favorable que aquellos cuyos créditos no llegaron a judicializarse.
La discusión no quedó limitada a los tribunales porteños. Resoluciones con cuestionamientos similares fueron dictadas también en jurisdicciones del interior, entre ellas Chubut, La Rioja y Corrientes. El escenario genera incertidumbre porque, por el momento, no está previsto que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo convoque a un plenario destinado a unificar los diferentes criterios existentes entre sus salas.
El fallo fue recibido con satisfacción por la CGT, que mantiene una estrategia judicial para intentar limitar algunos de los alcances de la reforma laboral del Gobierno. Sin embargo, la central sindical sigue con atención una eventual intervención de la Corte Suprema o del Tribunal Superior de Justicia porteño, que podrían tener la última palabra sobre aspectos centrales de la normativa. Mientras tanto, la discusión judicial suma un nuevo capítulo a la disputa política y sindical en torno a una reforma que también enfrenta cuestionamientos sobre otros puntos, como las restricciones al derecho de huelga.
