Amplio consenso para Brukman
Este jueves, quince minutos después de las ocho de la tarde, la Legislatura porteña finalmente aprobó en general y en particular el proyecto por el cual se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la fallida empresa textil Brukman. El autor de la iniciativa fue el diputado Enrique Rodríguez.
La ocupación temporaria del inmueble será por dos años a partir de la toma de posesión por parte de los integrantes de la Cooperativa de Trabajo 18 de Diciembre, conformada por los ex empleados de la fallida empresa.
También se declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes muebles existentes en la empresa, y los bienes intangibles -incluidas marcas y patentes- hasta un monto máximo de 150.000 pesos.
Por la ley, además se cede en comodato a la Cooperativa los bienes a expropiar, siempre y cuando continúen la actividad productiva y se establece que "debe", dentro del plazo de 60 días de promulgación de la norma, aceptar la incorporación en calidad de socios activos y en igualdad de derechos, en caso de que así lo requieran, a todos los trabajadores que se desempeñaban en relación de dependencia al 18 de diciembre de 2001, en dicha empresa.
También se faculta al Poder Ejecutivo a transferir en forma provisoria a favor de la cooperativa la habilitación necesaria para la actividad desarrollada y se exime a los trabajadores del pago de todo impuesto, tasa, sellado o timbrado, que tenga origen en la tramitación de las habilitaciones y certificaciones administrativas que demande la continuidad productiva.
En el tratamiento en general, el diputado Jorge Altamira (PO) acusó a "ciertos legisladores" de extorsionar a los trabajadores en una "reunión fuera del Reglamento de la Comisión de Presupuesto", para incluir un artículo en el proyecto como principal requisito para su aprobación por parte del Cuerpo. Se trata del artículo ocho, que contempla la posibilidad de incorporar a la cooperativa a aquellos trabajadores que no continuaron la lucha por la recuperación de la fábrica.
Frente a esta denuncia, la presidenta de la comisión, Laura Moresi (FG), aseguró que "en ningún momento se extorsionó a los trabajadores. Es más, en esa reunión 'secreta' estaba el asesor del diputado Altamira, Marcelo Ramal, y me hago cargo de que nunca se dijo esto. Sólo se mencionó que debía contemplarse de alguna manera a aquellos trabajadores que no siguieron adelante con la lucha".
La norma sancionada fue producto de un amplio consenso entre casi todos los bloques que integran el Cuerpo. Sólo los diputados Fernando Caeiro (Unión por Todos), Julio Crespo Campos (Ucedé) y Jorge Enríquez (Unión Republicana) votaron en contra.
