Balbi pidió que se vete la Ley de Transporte Escolar
Durante la última sesión ordinaria de la Legislatura porteña se sancionó un proyecto por el cual se establece una serie de modificaciones a la ley 1665 que regula el servicio de transporte escolar. Sin embargo, la norma aprobada fue duramente criticada por el director del Ente Regulador de la Ciudad, Julio Balbi, quien le solicitó al vicejefe de Gobierno, a cargo del Poder Ejecutivo, Jorge Telerman, que la vete.
La iniciativa en cuestión fue impulsada por el diputado macrista Marcelo Godoy y comenzará a regir a partir de junio de 2006. Godoy explicó: "Se obliga la incorporación de cinturones de seguridad en todos los asientos; en los transportes que superen los 15 asientos los choferes deberán tener un acompañante; se permitirá la publicidad en la luneta, siempre y cuando ésta no tape la visión (debe permitir un 70 por ciento) ni sea de bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros; se permitirá la circulación de vehículos que no superen los 12 años de antigüedad; y se creará un sistema de créditos para aquellos que deban hacer modificaciones".
Balbi expresó que "resulta difícil asimilar que, con los antecedentes en materia de seguridad padecidos recientemente y con saldo trágico, los legisladores insistan en aprobar algunos dislates que provocan vergüenza ajena. A fines del año 2004, se votó la Ley de Transporte Escolar, obligando entre otros temas a la colocación de cinturones de seguridad en todos los asientos del vehículo; se les otorgó a los transportistas el exageradamente generoso plazo de un año para la implementación de las medidas de seguridad dispuestas por esta Ley. Ahora extienden inexplicablemente ese plazo por seis meses más. La discusión sobre la colocación de cinturones para algunos chicos y no para otros es un insulto a la inteligencia. Para estos legisladores pareciera de similar importancia la seguridad de los chicos que la explotación empresaria de publicidad en los transportes escolares".
Para el funcionario "es necesario el veto a esta modificación, que se respeten los plazos previstos originalmente en la ley y que finalmente prive como prioridad absoluta, la seguridad de los chicos con la implementación de las medidas dispuestas en este sentido. Los chicos deben comenzar el próximo período lectivo con los transportes escolares en las condiciones que la norma dispone. Un año de plazo fue suficiente tiempo de espera como para que en forma trasnochada y sin más fundamento que la garantía de intereses mezquinos, se postergue nuevamente lo auténticamente importante".
Por último, Balbi aseguró que "la sanción de esta modificación no facilita la predisposición a tener en mayor estima la tarea de una legislatura que pareciera, no atinar a ubicarse en el lugar que la ciudadanía reclama de ella como salvaguarda de su seguridad".
