Ordenan entregar subsidios a menores cartoneros
El juez Roberto Gallardo, a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad, ordenó al Gobierno porteño que a partir del 1 de septiembre otorgue un subsidio mensual de 205 pesos, por cada hijo menor de 17 años a todos los padres "recuperadores de residuos reciclables" (Ley 992, "cartoneros") que se encuentren inscriptos en el Programa de Recuperadores Urbanos (PRU).
Además, Gallardo ordenó, en el marco de una medida cautelar, al jefe del estado porteño, Aníbal Ibarra, que adopte "las medidas positivas que sean menester, a fin de hacer efectiva la prohibición del trabajo infantil", según el dictamen judicial al que tuvo llegada NOTICIAS URBANAS.
El pago del subsidio deberá efectivizarse del 1 al 10 de cada mes por adelantado. Para la percepción de dicho subsidio, los padres deberán acreditar únicamente el vínculo paterno filial y la efectiva escolarización de los menores que se encuentren en edad escolar o preescolar.
El objetivo de la medida, según el fallo judicial, es que los menores "opten por culminar sus estudios en lugar de continuar ejerciendo la actividad de cartonero, mediante una beca escolar que le permita cumplir con tal objetivo, otorgándoles, paralelamente, un subsidio que reemplace los ingresos que obtenían como consecuencia del trabajo de cartoneros".
Los que realizaron el amparo, según el dictamen "se presentan por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad y señalan que son habitantes de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y que realizan la actividad de 'cartonear'".
También se dictamió un inmediato relevamiento de los recuperadores urbanos y que se les brinde la totalidad de las prestaciones contenidas en la ley 992.
El juez en el dictamen relata cómo fue la inspección ocular que realizó para dar cuenta de la situación de los cartoneros: "Ayer (por el martes 9), para cumplir con la inspección ocular ordenada salí de mi despacho en compañía de funcionarios, empleados del Tribunal y auxiliares policiales". Continúa el relato con apariencias novelescas pero ciertamente verdaderas: "La ciudad estaba oscura y la mayoría de los habitantes porteños regresaba a sus hogares. A poco de comenzar el procedimiento una Ciudad subterránea afloró ante nuestros ojos... Se sorprendieron de vernos (en referencia a los cartoneros). La mayoría relató no haber sido visitados nunca por funcionarios, ni controlados, ni asistidos. Casi todos pedían trabajo y otra vida para sus hijos".
Gallardo remarcó: "Resultaría aún más grave en tanto la Ciudad poseería recursos ociosos comúnmente denominados 'superávit' y no se comprenderían entonces los motivos de la pervivencia de este cuadro de patéticos contornos".
Asimismo, se manifestó el Ministerio Público Tutelar, que ordenó al Gobierno Comunal que describa de forma pormenorizada el conjunto de medidas que a de tomar frente a la situación planteada.
Gallardo es el mismo juez que aplicó multas a Ibarra por no cumplir, en el tiempo que le impuso, su orden de relocalizar a los inquilinos de un hotel que integraba el programa de hoteles para gente en situación de calle y que se encontraba en mal estado.
