El Ente del descontrol

El Ente de la Ciudad es el organismo público porteño que debería controlar los servicios públicos, tanto estatales como privados. No obstante, se acumulan actas en gruesos expedientes sin que las irregularidades se solucionen. El ex presidente Néstor Vicente había renunciado porque estaba "atado de pies y manos". El actual, Carlos Campolongo, al asumir, hace nueve meses, había afirmado que no iba a ser "un ñoqui de lujo". Sin embargo, son contados los organismos públicos y las empresas privadas que prestan atención a las advertencias del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.

Aunque por contrato los semáforos deberían ser reparados en un lapso de entre 3 y 12 horas, lo habitual es que las empresas tarden más de una semana. Y aunque el Ente les hace actas por esta irregularidad, las concesionarias no cambian su política de pasividad ante los desperfectos técnicos.

Otro claro ejemplo son las escaleras mecánicas del subte: se multiplican en toda la red las que están clausuradas por averías, como así también las actuaciones del Ente ante este problema. Metrovías argumenta que, como no se fabrican en el país, en algunos casos pueden reemplazarse las piezas averiadas por otras fabricadas artesanalmente y en otros hay que traer la escalera entera desde España, como sucede actualmente con la de la estación 9 de Julio de la línea C.

De esta forma, los miles de usuarios que usan el servicio, muchos de ellos discapacitados y ancianos, se ven privados de un servicio esencial. Así sucedió con la escalera mecánica de la estación Pueyrredón de la línea D, que estuvo deshabilitada durante más de diez meses y que recién fue reparada días atrás.

Si bien es cierto que el control de los subterráneos está aún en manos del Gobierno nacional, los hechos demuestran que los mecanismos de coordinación entre el Ente de la Ciudad y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) no están lo suficientemente aceitados como para impedir que los porteños sufran esta clase de situaciones cotidianas.

Según la página del Ente, "El contrato de concesión dice que Metrovías deberá evitar por todos los medios a su alcance que los inmuebles que integran la red de subtes sufran perjuicio alguno, 'debiendo conservar las instalaciones existentes en perfecto estado de conservación y aseo, asumiendo frente al concedente toda la responsabilidad por actos propios y/o de terceros aún en hechos de fuerza mayor o caso fortuito'".

También dice la página del Ente que, en controles hechos a diciembre de 2002, durante la gestión de Vicente, lograron que se extendiera el horario del subte a las 23. Sin embargo, el cronograma de horarios que dispone el contrato de concesión está lejos de cumplirse: la página de Metrovías informa que la frecuencia normal de los trenes de la línea D es de seis minutos con nueve segundos, aunque los pliegos establecen que debe ser de entre cuatro minutos, en la hora pico, y seis minutos con quince segundos, en los últimos trenes de la temporada de verano.

El único logro de la gestión de Campolongo, con respecto a los subtes, parece ser el haber conseguido que Metrovías informe, a través de carteles, de una resolución de la CNRT que la obliga a reintegrar el equivalente en dinero al valor del boleto o un nuevo Subtepass, en caso de interrumpirse el servicio. Un reclamo que había comenzado en 2002.

"En higiene urbana, cuando se detecta que no se levantó la basura, se etiqueta la bolsa y se ve si está o no al día siguiente, y si todavía está ahí se labra un acta", explicó un empleado. El problema es que tampoco en este rubro el Ente impone demasiado peso a la hora de impulsar acciones.

"Con voluntad política se puede ejercer el poder de policía que la ley te da. Cuando una norma constitucional no está reglamentada hay doctrina judicial que considera a este tipo de normas como operativas en sí misma. Es decir, se puede hacer de hecho", afirmó en estricto off the record un ex funcionario del organismo.

Otro tema polémcio es la superposición de poderes con determinadas áreas del Gobierno porteño, que fue denunciada por la gestión anterior del Ente. Y de ciertos "olvidos" de parte del Ejecutivo de incorporar al Ente como organismo de control en pliegos de licitación de servicios que, por ley, debería fiscalizar este organismo. "A todo gobierno le conviene que el Ente no exista", señala la misma fuente, al explicar esta situación.

Cuestión aparte es la demora en los concursos que se deben realizar para la integración de la planta del organismo. Ocurre que, desde que se creó el Ente, estos nunca se llevaron a cabo y, a pesar de las promesas, aún están en veremos.

Campolongo -quien tiene una frondosa carrera política que abarca desde sus primeros pasos integrando los equipos de comunicación del gobierno de Isabel Perón y López Rega hasta su intervención en las campañas de José Bordón y Palito Ortega-, llegó al Ente luego de haber sido el jefe de campaña de Aníbal Ibarra en las últimas elecciones porteñas. Cuando asumió había prometido revisar los contratos políticos de un organismo que, según deslizan en algunas áreas del Ejecutivo porteño, estaría "plagado de ñoquis". "En el Ente hay de todo, gente que es idónea y gente que no", reconocen desde sus entrañas. Al asumir, Campolongo había asegurado que iba a "contener a los que trabajan" e "incorporar gente con experiencia de gestión". Por el momento, sólo se aprobaron dos reglamentos de concurso para la integración de un registro de expertos, con la idea de contratar esos servicios al momento de realizar alguna fiscalización.

NOTICIAS URBANAS se comunicó con Campolongo este viernes por la tarde para conocer su versión sobre todos estos temas, pero el titular del Ente se negó a dar respuestas por teléfono debido a "la complejidad" de los mismos.

El directorio del Ente está conformado por representantes de distintas fuerzas políticas, y su presidente, según la Constitución porteña, debe ser designado a propuesta del Poder Ejecutivo. Un defecto de origen, porque las empresas que debe controlar también son contratadas por el Gobierno de la Ciudad.