Congreso: aprietes, soberanía y economía en primer plano
Casi simultáneamente con el retiro de dos capítulos fundamentales de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, esta semana se dio a conocer un hecho con ribetes geopolíticos, que trasciende los debates parlamentarios actuales. En la reunión de Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara Baja, la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) a través de sus directivos denunció que recibió advertencias de funcionarios de Estados Unidos vinculadas con su relación comercial con la empresa china Huawei. Desde la firma informaron que incluso habían llegado a amenazar con revocar sus visas mediante mensajes en sus celulares personales.
Detrás del telón se configura la tensión más importante de los últimos tiempos y que se origina en la fuerza con la que dos potencias disputan en el territorio. China y Estados Unidos se enfrentan por el poder y las materias primas latinoamericanas. En ese sentido se enmarca tal situación. El diputado Aldo Leiva, presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos, describió a Noticias Urbanas que “es claro que son deberes que Estados Unidos impone al Ejecutivo, su alineación política permite este tipo de situaciones”. Se refirió así al hecho que llevó a la citación del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, para que diera explicaciones sobre la extorsión a la cooperativa patagónica y que admite un hilo conductor en lo acontecido la semana pasada en Senado y lo que acontece en torno al asunto. Cabe profundizar que la expansión global de Huawei como punta de lanza de la estrategia tecnológica y militar del régimen chino ha modificado el tablero geopolítico y de seguridad internacional. El gigante chino, iniciado en 1987 por Ren Zhengfei es un símbolo de la era del desarrollo tecnológico, el poder estatal y la influencia del Ejército Popular de Liberación (EPL). Por ende, el término soberanía se instala desde varios puntos de vista. Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Francia, Alemania, Rumania, Japón y Taiwán dicen temer que China medie en sus comunicaciones y servicios. El Departamento de Estado norteamericano advirtió a los directivos de la empresa Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) por un contrato con Huawei para el despliegue de una red de fibra óptica, y hasta analizó revocarles las visas a las autoridades de la compañía encargada de la distribución de energía en la provincia patagónica. Como resultado de lo expuesto en el conclave de Diputados, la oposición pidió citar al embajador estadounidense, Peter Lamelas, para que explique lo ocurrido. En suma, más que nunca la geopolítica (del griego antiguo γῆ gê «tierra» y πολιτική politikḗ «política»), el estudio de los efectos de la geografía terrestre en la política y las relaciones entre los Estados, interviene en los asuntos de Estado. Desde el norte y en connivencia con la política local se preocupan por la soberanía propia y desatienden la soberanía y libertad de acción de nuestro territorio y ciudadanos.
Siguen sumándose así dolores de cabeza para el Gobierno que cuenta con vencimientos de deuda próximos con la recaudación y el consumo interno en baja. Así una citación de este tenor puede generar un colosal impacto en el propio Congreso norteamericano, desde donde siguieron con particular atención el salvataje de Scott Bessent al gobierno de Milei desde octubre del año pasado.
En la jornada del martes los libertarios que integran la comisión se molestaron al escuchar el testimonio de Yenny Fonfach, secretaria general de la cooperativa de Servicios Públicos de Neuquén, Sergio Fernández Novoa, gerente de tecnología, y Carlos Quintriqueo, vicepresidente segundo. El presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG, Aldo Leiva indicó que “lo que es de dominio público constituye una situación compleja y desde nuestro lugar no podemos permanecer ajenos. Por eso hemos convocado para que de la cooperativa puedan explayarse y tomar dimensión de lo que le ha tocado vivir”. Fonfach cerró: "Venimos a esta comisión, que es soberana, a defender la autonomía de las cooperativas, teniendo en cuenta el marco institucional y la legalidad".
Lo que queda por vivir
La mesa política reunida decidió que ya no hay más tiempo para arremeter contra molinos de viento y reconocieron las heridas que dejaron las batallas culturales perdidas, tal como se evidenció el jueves pasado. En consecuencia, el temario legislativo presenta fisuras y se centrará en lo que creen vital: una pizca de economía, un toque de justicia y política a gusto dice la receta consensuada tras la reunión que encabezó Karina Milei con el afán recuperar la confianza de los gobernadores aliados. Estrategia que en territorio lleva adelante hace tiempo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli. En Misiones por estos días busca traerse el visto bueno para la Ley de Zonas frías, que aún aguarda en el Senado, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y, en particular, lo desvela conseguir el respaldo para la Reforma electoral mileísta. La moneda de cambio es conseguir los votos de los legisladores provinciales para eliminar las PASO, a cambio de no presentar listas de candidatos libertarios. Es decir, ayudar en la reelección de algunos gobernadores, con la esperanza de lograr la relección para Javier Milei.
Los fracasos lideraron la táctica libertaria en las jornadas precedentes y demandan revisión. Por tal motivo, la decisión es abocarse a lo urgente. No obstante, cabe desandar algunas perspectivas, de acuerdo a lo vivido
El licenciado en Ciencias Políticas Matias González declaró que “la discusión sobre la denominada Ley de Tierras constituye uno de los episodios parlamentarios más reveladores del segundo semestre legislativo. No tanto por el contenido definitivo de la norma, sino porque puso en evidencia la tensión entre una estrategia económica orientada a profundizar la apertura de los mercados y un sistema político que todavía conserva mecanismos institucionales capaces de introducir límites al Poder Ejecutivo¨. La decisión del Gobierno de eliminar el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros sintetiza, probablemente como ningún otro episodio reciente, el choque entre una racionalidad económica que privilegiaba la atracción irrestricta de inversiones y una racionalidad política atravesada por la representación territorial, la resistencia ciudadana y la necesidad de construir consensos legislativos¨.
No existen dudas que la sociedad civil entendió el mensaje y ganó el debate por lo que ningún espacio pudo apropiarse de la votación en el recinto ni de los cambios en la trastienda. Desde su presentación, el proyecto fue concebido por el oficialismo como una pieza central de su programa de desregulación económica. Bajo esa lógica, las restricciones establecidas por la Ley 26.737 aparecían como un obstáculo que debía ser removido para facilitar el ingreso de capitales internacionales y fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad privada. González admite que “esa lectura omitía una dimensión central de la economía política contemporánea: la tierra dejó hace tiempo de ser únicamente un activo inmobiliario, para convertirse en un recurso estratégico asociado a la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua dulce, la explotación minera, la transición energética y la creciente competencia geopolítica entre Estados por el control de recursos naturales críticos. Precisamente por ello, la iniciativa generó un rechazo que trascendió las fronteras partidarias y terminó articulando una resistencia política y social mucho más amplia de la prevista por el Ejecutivo”.
La discusión rápidamente abandonó el terreno estrictamente jurídico para convertirse en un debate sobre soberanía, federalismo y desarrollo. Gobernadores, legisladores provinciales e incluso sectores que hasta ese momento habían acompañado buena parte de la agenda oficial comenzaron a advertir que la eliminación de los límites a la extranjerización de tierras implicaba asumir un costo político difícil de explicar ante sus electorados. Organizaciones sindicales, movimientos sociales, asociaciones ambientalistas y especialistas en recursos estratégicos instalaron la discusión en la agenda pública bajo un argumento común: “la apertura irrestricta del mercado de tierras no podía analizarse exclusivamente desde la lógica de las inversiones, sino también desde la preservación del patrimonio territorial y de los recursos considerados estratégicos para el desarrollo nacional. Fue en ese contexto donde el Senado volvió a exhibir una característica histórica de la política argentina: su capacidad para actuar como una cámara de representación territorial y, al mismo tiempo, como un contrapeso efectivo frente al Poder Ejecutivo”.
Lo que resta recorrer es el devenir del tema en la Cámara de Diputados, donde la retocada ley de Inviolabilibildad de la Propiedad Privada fue girada y es posible que reciba modificaciones en torno al capítulo de Expropiaciones, que abarca los desalojos express. Este apartado preocupa especialmente a los inquilinos de las grandes ciudades que siguen incrementándose.
Maximiliano Vittar, abogado y coordinador del Movimiento Inquilino Nacional, alertó sobre tal medida y recordó que la morosidad en alquileres se debe a que no se cubre salarialmente la canasta básica total y, pese a que es el primer pago que ejecuta cualquier familia, el alquiler muchas veces no puede cubrirse. Agregó que “se ha tratado de plantear una ampliación de lo que es el sujeto o la persona que pudo iniciar el juicio y desalojo”. Alrededor de lo votado, el especialista en política analizó que “a diferencia de la Cámara de Diputados, donde las dinámicas partidarias suelen adquirir mayor peso, la Cámara Alta refleja con mayor intensidad los intereses provinciales y las demandas de los gobernadores. Esa lógica terminó condicionando la estrategia oficial. Las sucesivas postergaciones de la sesión, las negociaciones reservadas y la búsqueda desesperada de votos comenzaron a evidenciar que el oficialismo no disponía de la mayoría necesaria para sostener el capítulo más controvertido del proyecto”.
“En el balance, es nítido que la decisión de eliminarlo pocas horas antes del debate no respondió a un cambio de convicción, sino al reconocimiento de un límite político concreto: el Congreso todavía conserva capacidad para condicionar las iniciativas presidenciales cuando la construcción de consensos fracasa. El episodio trasciende ampliamente la discusión sobre la venta de tierras a extranjeros. ¨Lo verdaderamente significativo es que el Parlamento demostró que sigue siendo un actor con capacidad para modificar el contenido de las políticas públicas, incluso frente a un Ejecutivo que ha intentado gobernar sobre la base de una fuerte centralización de las decisiones”, expresó Vittar.
La tensión se percibe en los pasillos, mientras los dictámenes encuentran su cauce sin que se sepa aún el día de su tratamiento. Así, el proyecto de Inocencia Fiscal II, que busca oficializar ahorros y persigue los dólares colchón, está en condiciones de llagar a recinto probablemente el 26 de agosto y desde el oficialismo alucinan ese mismo día lograr la ansiada reforma del Banco Central. De ese modo legalizar una inminente clausura del Gobierno cuando se acabe el Presupuesto. Ambos conforman baluartes en disputa para la actual administración, que no abandona la estrategia desreguladora que ahora quieren opacar.
González lo resume: “el tratamiento del Presupuesto, las reformas económicas pendientes y las nuevas iniciativas de desregulación deberán atravesar un Congreso donde ninguna fuerza política dispone de mayorías suficientes para imponer unilateralmente su agenda. La experiencia de la Ley de Tierras confirma que la gobernabilidad legislativa seguirá dependiendo de la construcción de acuerdos, del peso de los gobernadores y de la capacidad de la sociedad para instalar determinados temas en el centro del debate público”. De tal manera es manifiesto que los espacios provinciales inclinan la balanza y serán los protagonistas en las próximas contiendas, el oficialismo busca condicionar un definitivo apoyo provincial incondicional con la meta de la reelección como norte.
