Clubes de barrio, autos abandonados y educación incial
En la sesión ordinaria de este jueves, se aprobó una nueva batería de proyectos, que se circunscriben dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno de ellos es la obligatoriedad de la educación inicial para las niñas y niños desde los 3 años, la universalización y gratuidad de la oferta educativa desde los 45 días de edad y la promoción de la oferta de Escuelas Infantiles. El proyecto tuvo el apoyo de todos los bloques del recinto. La iniciativa busca garantizar las vacantes suficientes y que las familias acompañen la asistencia de niñas y niños.
A su vez, y con 36 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, el cuerpo legislativo promulgó las modificaciones a la Ley 342, que regula el régimen aplicable a los vehículos abandonados, deteriorados o inmovilizados en la vía pública que representan un peligro para la salud, la seguridad pública o el medio ambiente.
En este sentido, el proyecto habilita a la autoridad de aplicación a definir qué hacer con los automotores cuyos plazos de reclamo hayan vencido. Además de la descontaminación, el desguace y la compactación, la iniciativa incorpora la posibilidad de asignarlos al uso de organismos públicos.
La propuesta actualiza el artículo 6° de la norma vigente para que los casos en los que un vehículo pudiera haber sido extraviado, y no abandonado, se resuelvan de acuerdo con el Código Civil y Comercial de la Nación. El cambio reemplaza la remisión al antiguo Código Civil y busca precisar el procedimiento aplicable antes de avanzar con la disposición final de cada unidad.
El nuevo artículo 6° bis permitirá que la Autoridad de Aplicación evalúe, según criterios de mérito, oportunidad y conveniencia, si un vehículo debe ser reutilizado por el Estado o tratado como residuo. El texto plantea que las unidades aptas podrían reforzar flotas oficiales y colaborar con tareas vinculadas al Sistema Integral de Seguridad Pública, mientras que aquellas sin condiciones de uso quedarían sujetas a procesos de descontaminación, desguace o compactación.
La iniciativa también redefine esos procedimientos y prioriza la entrega de automotores o piezas descontaminadas a establecimientos educativos, de investigación, práctica o docencia que hayan formulado solicitudes previas. La descontaminación contempla el retiro de baterías y fluidos; el desguace permite recuperar componentes aptos; y la compactación convierte el vehículo en chatarra.
Por último, también logró la aprobación en primera lectura la iniciativa que oficializa un régimen excepcional para regularizar la situación administrativa de clubes de barrio y asociaciones civiles. El proyecto propone condonar deudas, multas, recargos e intereses originados en incumplimientos formales o por obras sin habilitación, siempre que no existan faltas vinculadas con la seguridad o la salubridad. Podrán acceder entidades con al menos diez años de actividad, sin explotación comercial o profesional y que no estén categorizadas como grandes contribuyentes ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).
La medida contempla un Certificado Transitorio de Regularización Administrativa y Funcionamiento, válido por hasta 360 días y prorrogable una vez, que protegerá a los clubes de clausuras y ejecuciones mientras avancen con un plan de adecuación. Si la autoridad de aplicación no responde dentro de los 60 días hábiles, la entidad quedará alcanzada de forma automática por los beneficios del régimen. La Agencia Gubernamental de Control podrá realizar inspecciones, requerir documentación y revocar el certificado ante datos falsos, riesgos estructurales o deficiencias graves en prevención de incendios.
