"Celebran el Día del Vecino con una mano y con la otra lo eliminan"
El Gobierno de la Ciudad celebra estos días el Día del Vecino Participativo. Lo que no figura en ningún comunicado oficial es que, al mismo tiempo, el oficialismo porteño acompaña a sus aliados de LLA que impulsan a las apuradas la llamada "Ley Hojarasca": un paquete que deroga 45 leyes de la Ciudad y modifica parcialmente muchas otras. Entre ellas, la misma norma que establece el Día del Vecino que hoy conmemoran. Pero la coincidencia no es casual.
Porque esto no es un descuido administrativo. Es la síntesis de un estilo de gestión: la retórica de la participación por un lado, el vaciamiento institucional por el otro. Se invocan los valores de la cercanía y el diálogo mientras se evita deliberadamente que el proyecto pase por las comisiones de Salud, Educación o Transporte, donde especialistas, trabajadores y funcionarios podrían examinarlo con el rigor que merece. En cambio, se lo trató en las comisiones de Presupuesto y Desarrollo Económico para su tratamiento exprés, sin el debate que una reforma de esta magnitud exige.
El argumento del oficialismo es conocido: modernizar el Estado, reducir la burocracia, agilizar procedimientos. Pero detrás de esa retórica se esconde algo mucho más concreto. Las normas que se pretenden derogar el próximo jueves no son letra muerta: regulan el transporte, la educación, la salud pública, el ambiente y el turismo. Son el resultado de debates profundos, consensos multisectoriales, procesos de doble lectura y audiencias públicas. No surgieron de improviso, y no deberían desaparecer en un trámite legislativo diseñado para evitar su merecido debate. Este apuro preocupa.
La "Ley Hojarasca" no viene a limpiar burocracia inútil: viene a podar derechos consolidados y a retirar al Estado de áreas donde su presencia reguladora no es prescindible, sino irremplazable.
Uno de los casos más ilustrativos es el de la Ley 109, que resguardaba a las plazas históricas de la Ciudad —entre ellas la Plaza de Mayo, la Plaza del Congreso y la Plaza San Martín— de la explotación publicitaria y comercial privada. Al derogarla, el oficialismo habilita que espacios de memoria y soberanía colectiva queden abiertos a los intereses del mercado. Lo que pertenece a todos los porteños podría transformarse en un negocio privado. No es simplificación normativa: es privatización del espacio público. Otra vez...
Lo mismo aplica a la desregulación del uso de productos químicos en espacios públicos, al desfinanciamiento de programas de economía social, o a la eliminación del marco que regula el control de zoonosis, las vacunaciones antirrábicas y las esterilizaciones. El Estado ausente no es libertad: es desamparo.
El Día del Vecino Participativo existe para recordar que la Ciudad se construye con sus habitantes. Que la participación ciudadana no es un evento de agenda, sino una práctica que requiere normas, instituciones y voluntad política real. Festejar esa fecha mientras se deroga la ley que la sostiene no es una contradicción menor. Los porteños merecen saber de qué se trata.
Gobernar exige coherencia, nada más y nada menos.
