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Enrique Olivera, ex jefe de Gobierno y actual legislador de la Coalición Cívica, exige que se cumpla con la Ley 472 que establece la desregulación de la obra social de los empleados del Gobierno de la Ciudad para mejorar los servicios de salud que reciben los empleados. “Paralelamente debe ponerse en marcha un programa de reconversión de la OBSBA armonizándola con la Ley de Cobertura Universal Porteña de Salud", aseguró.<br /> <br />
La diputada de Nueva Izquierda adelantó que no dará quórum para la sesión extraordinaria convocada para refrendar el decreto de intervención de la obra social de municipales. Si el macrismo logra el quórum, entonces bajará al recinto y votará en contra.
Los más de 2 mil contratos transitorios que no fueron renovados por el Gobierno porteño fueron criticados por radical K y presidente de la fuerza Identidad Popular Buenos Aires, Hugo Armellino. "Esta medida va en contraste con las políticas de inclusión llevadas adelante por el Gobierno de Cristina Fernández", comentó el dirigente.
El presidente de la obra social de empleados municipales de la Ciudad, Patricio Datarmini, aseguró que las personas que fueron filmadas el fin de semana retirando objetos de la institución "es personal de la ObSBA" que "retiraron elementos personales de la presidencia". "Hemos hecho la presentación en la seccional 12 y todo lo que se retiró está a disponibilidad de la Justicia", manifestó.
El jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Alberto Fernández, criticó las decisiones tomadas por el Ejecutivo porteño en los últimos días y aseguró que Mauricio Macri "deberá hacerse cargo de sus aciertos y sus errores". Sobre la intervención de la ObSBA dijo: "El tiempo dirá si lo que ha hecho es correcto o no".
Luego de una reunión con el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, el diputado Diego Santilli aseguró que en la sesión especial del jueves para tratar el decreto de intervención de la Obsba "habrá quórum". Además de los 28 diputados del PRO, adelantó que consiguieron el apoyo de otros bloques para tratar la medida. Por otro lado, en diálogo con NOTICIAS URBANAS, el diputado Enrique Olivera adelantó el apoyo de la Coalición Cívica al decreto.
El Gobierno porteño comenzó a revisar numerosos contratos con empresas proveedoras de la Ciudad. Buscan evitar que se paguen "precios abusivos" por sus servicios. Así lo anunció la vicejefa, Gabriela Michetti, quién informó que se detectaron sobreprecios en la contratación de alimentos para comedores escolares y hospitales, con las empresas de cartelería urbana y con las de transportes a las colonias municipales.
Apartado del eje de la política local, pero sin abandonar su visión política de lo que a la ciudad atañe, el ex jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, se pronunció en su blog sobre los despedidos realizados por la gestión de Mauricio Macri.
Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante la campaña electoral en la que resultó electo -en segunda vuelta- por casi el 60 por ciento de los votos, repitió hasta el hartazgo el sonsonete de la inclusión social. Esa tarea, entre otras, depende del ministro de Educación, Mariano Narodowsky. Su segundo, Walter Bouzada Martínez, incluyó un concepto que no figuraba en el programa de gobierno: el de "limpieza étnica".
Diego Santilli, vicepresidente primero de la Legislatura y miembro de número del Pro, dijo, a contramano de las declaraciones de Hugo Moyano y Mauricio Macri, que luego de digerir la decisión de no renovar los contratos de más de 2 mil cesanteados, "se abre una etapa de diálogo".<br />
El despido de más de 2 mil contratadas y la intervención de la obra social de los trabajadores municipales, iniciativas de la jefatura de Gobierno que comanda Mauricio Macri, tiene todas las lecturas posibles, incluso la que dice que la gente echada, no cobraba más de 900 pesos.
Acaso lo temieron, acaso lo sabían, pero por orden del jefe de Gabinete de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, un videasta profesional, contratado con plata del erario público, apostado en un lugar estratégico, filmó cómo se sacaba documentación de la sede de la obra social de los municipales, intervenida por el gobierno Pro, que insiste que (esa documentación) es supuestamente comprometedora.
