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Luego de la reunión de Labor Parlamentaria, se definieron los temas a tratar en la sesión ordinaria de mañana en la Legislatura porteña. Se discutirán todos los proyectos sobre el procesamiento de Mauricio Macri. La oposición tiene mayoría y aprobaría la creación de la Comisión Investigadora, mientras que el PRO insistirá en el autopedido de juicio político.
El legislador porteño Marcelo Parrilli presentó una denuncia contra el Jefe de Gobierno de la Ciudad, el Ministro Francisco Cabrera y el Director General de la Dirección de Protección del Trabajo, Ángel Rodríguez, por el nombramiento de este último, quien fuera el responsable de actuar ante la denuncia de la UOCRA sobre la obra que dañó los cimientos de un edificio en el barrio de Villa Urquiza. Rodríguez no cumpliría con los requisitos legales para su cargo.
El ministro de Economía nacional visitó, esta mañana, el barrio que construye la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a través de la Misión “Sueños Compartidos”, en la calle Castañares. “Es un orgullo para Argentina, no sólo para las Madres, ver que se pueden hacer cosas como estas”, sostuvo. Es la tercera participación del funcionario en tierras porteñas en menos de dos semanas.
Los Vecinos Autoconvocados del Barrio Manuel Dorrego cortarán la avenida Juan Bautista Alberdi al 5700 en reclamo del cumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de una media cautelar dictada en octubre del año pasado, en la que se ordenaba se tomen acciones urgentes por el peligro de derrumbe de varias viviendas.
Luego de las tres muertes a raíz del derrumbe de una construcción en Villa Urquiza, el juez Norberto Oyarbide ordenó el allanamiento de una dependencia del GCBA y legisladores porteños pusieron la lupa en funcionarios de la gestión PRO. Juan Cabandié pidió la renuncia del titular de la Agencia de Control Comunal, José Ángel Báez, y del director de control y fiscalización de obras, Oscar Ríos. Por su lado, el ex PRO Daniel Amoroso pidió que se cite al subsecretario de Trabajo, Miguel Ángel De Virgilis, y el director de Protección del Trabajo, Ángel Rodríguez.
El subsecretario de Planeamiento Urbano de la Ciudad, Héctor Lostri, consideró que “era gente idónea quienes estaban a cargo de controlar” la obra que desencadenó el derrumbe del edificio de la calle Mendoza al 500. Sobre los fundamentos de la denuncia contra Macri por el legislador Marcelo Parrilli se limitó a decir: “Yo no puedo responder por los exabruptos de un legislador”.
El secretario general de Gobierno de la Ciudad, Marcos Peña, se refirió al operativo de emergencia, al sistema de controles y la decisión de la Ciudad de presentarse como querellante en la causa.
La presidenta de la Asociación de Verificadores de Obra, Eva Rodríguez, afirmó que si bien la responsabilidad del profesional a cargo de una obra “es ineludible”, el Estado “no está ausente de responsabilidad”, por lo que reclamó que el Gobierno y la Legislatura den mayor intervención a los profesionales idóneos para realizar controles. “Le enviamos una carta a Rodríguez Larreta para que nos atienda y la respuesta fue que estaba ocupado”, dijo.
El Gobierno porteño decidió suspender 15 años la matrícula del ingeniero que controlaba la obra lindera al gimnasio derrumbado. La disposición firmada por el Director General de Registro de Obras y Catastro, el arquitecto Guillermo García Falher, inhabilita a Guillermo Heyaca Varela también para firmar.
Los delincuentes que desde las 6.30 mantuvieron cautiva a una pareja, a su hija adolescente y a la portera del edificio, en Araoz al 1.900, finalmente se entregaron. Habían ingresado a robar, pero un vecino alertó a la policía, que rodeó el lugar.
La Policía Federal intentó frenar una movilización de organizaciones sociales. Sin embargo la Alameda y MTE acompañaron a la mujer policía cesanteada por denunciar las actividades mafiosas ocurridas en la División Trata de Personas.
Más de 200 trabajadores del Diario Crítica de la Argentina, que se declaró en quiebra y no sale a la calle desde hace más de dos meses, se concentraron en la redacción ante el posible desalojo ordenado por la justicia. Sin embargo, la medida quedó frenada por el momento, y los trabajadores le están pidiendo al juez que extienda la guarda por al menos cuatro días, y reclaman que el jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, cumpla con su palabra de efectivizar el pago de la publicidad oficial.
