Las iniciativas que están en el tope de la agenda PRO

A menos de dos meses de que finalice el período legislativo 2010, y en un año signado por los incontables vaivenes de la Comisión Investigadora que busca dilucidar si Mauricio Macri tuvo algún tipo de vinculación con la causa del espionaje porteño, el oficialismo pone el ojo en apurar la sanción de leyes vinculadas al ámbito de la seguridad y de la efectivización de los procesos políticos y judiciales.

Además del Presupuesto 2011, la madre de todas las batallas, las leyes que figuran como ?prioritarias? en la agenda del PRO, son, según pudo conocer Noticias Urbanas, las de registro de ADN de condenados y procesados por delito de violación; la de reforma política y la ley de cuidacoches y limpiavidrios, denominados puertas adentro de la Legislatura como ?trapitos?, que ya están prohibidos en el código contravencional aunque con algunas zonas grises.

?La ley de ADN es la prioridad, sobre todo por lo complejo de un delito como la violación, que deja para siempre lesionada la vida de los familiares y de la víctima, cuando no se trata de una violación seguida de muerte. Cuidacoches está inserto en otras reformas del código contravencional. El presupuesto nos saca tiempo?, explicó el legislador Martín Borrelli (PRO), que está al frente de la Comisión de Seguridad, delineando el panorama de aquí al fin de las sesiones de 2010.

?La ley de ADN es una medida más para combatir la inseguridad en una temática especifica, que es la de las violaciones. Lo que busca el registro es un banco de huellas genéticas de los agresores y ayudar a su identificación, máxime en un delito donde se indica estadísticamente que la gran mayoría son personas reincidentes. Sería una eficiente arma para atraparlos?, explicó Borrelli.

Tomando los recaudos del caso en cuanto a la sensibilidad del manejo de la información personal, las muestras plantean una toma de ADN no codificante. Un instrumento que va a usar la Justicia en una base pública de datos; las muestras son pequeñas en cuanto a volumen y, por lo tanto, no sirven para otros patrones que podrían rozar el ámbito de la discriminación en caso de develarse. Esta iniciativa ya tuvo despachos favorables de las comisiones de Justicia y Seguridad y se espera su sanción e implementación por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad o del Tribunal Superior, o bien de la Cámara del Fuero Contravencional o el juzgado de faltas. En cuanto a la toma y manejo de material genético, los legisladores que la impulsan indicaron que el hospital Durand sería el elegido ?natural?, por la experiencia en el manejo y administración de ese tipo de materiales que realizan a escala nacional.

?Este banco de huellas genéticas tiene como objetivo ser útil en la investigación de delitos para conocer quién los cometió y así fortalecer la prevención?, remarcó también Gerardo Ingaramo (PRO), presidente de la Comisión de Justicia, y detalló que ?se necesita establecer una herramienta de investigación del perfil de personas como una herramienta criminalística para determinar el ADN de una persona en determinada situación?. Además, señaló que con este proyecto ?lo que se fija es todo un mecanismo que permite establecer en una muestra y respetar todo un protocolo de confidencialidad para que ese dato sea cedido sólo ante un pedido de la Justicia?.

Las huellas genéticas digitalizadas, en el caso de una primera aprobación, luego se ampliarían con otros fines, como obtener y almacenar información genética no codificante a una huella genética digitalizada a los efectos de facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, en relación a la identidad de autores o supuestos autores de hechos delictivos, particularmente en lo relativo a la individualización de las personas responsables sobre la base de la identificación de un perfil genético. Sus defensores dicen que también ayudará a resolver conflictos judiciales no penales ?siempre que medie pedido expreso y fundado de la autoridad judicial interviniente y que dicho pedido guarde conformidad con lo establecido en la presente Ley? y a facilitar la identificación y rastrear el paradero de personas extraviadas, desaparecidas, fallecidas o de las que se presuma que hayan sido objeto de sustracción o alteración de su identidad, así como al esclarecimiento del vínculo filiatorio y la investigación de la propia identidad biológica en caso de duda razonable.

Discriminar las huellas del personal policial y técnico que intervenga en el lugar del hecho investigado o en la obtención o cuidado de la muestra biológica, para determinar posibles casos de contaminación biológica de la misma, es uno de los apartados de la futura norma que la mayoría del arco opositor tildó de ?invasiva de la intimidad y de la vida de las personas?.

Respecto de los cuidacoches y limpiavidrios, sobre todo en aquellos casos donde se exigen tarifas fijas por garantizar el cuidado de un vehículo, el diputado Borrelli detalló que si bien el código contravencional no impide que no se cuide un vehículo ?por voluntad?, ?todo el mundo sabe que nadie va a realizar estas tareas gratuitamente?. ?Primeramente hay que corregir esa redacción, que permite eludir los controles y decir que le dieron el dinero por voluntad del conductor?, expresó.

Atendiendo a la altísima siniestralidad de los accidentes de tránsito, principal causa de muerte a nivel nacional, Borrelli también pone sus fichas en una ley que exija a quienes van a sacar el registro de conducir o a quienes vienen de otra jurisdicción, la realización de un curso de primeros pasos de rehabilitación cardiopulmonar (RCP). La idea es que luego estas enseñanzas se den a nivel ciudadano para que cualquier persona que presencie o esté involucrado en un accidente sepa brindar los primeros auxilios hasta que llegue la atención médica correspondiente. Docentes de todos los niveles educativos y alumnos de nivel medio de los establecimientos educativos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serían afectados a fines de alcanzar niveles cada vez mayores de población con conocimientos en la materia.

Atendiendo al colapso de las esferas judiciales, Ingaramo también elevó un proyecto de ley para establecer a la mediación penal como forma de resolución de conflictos para la Ciudad. Este procedimiento, que tiene por objeto la reparación y compensación de las consecuencias de un hecho delictivo, mediante una prestación voluntaria del autor a favor de la víctima o damnificado, no sería válido cuando no sea posible la reparación o no sea suficiente por sí misma. En ese caso, se podrá convenir una prestación a beneficio de la comunidad de la Ciudad.

El objeto del presente régimen radica en que a través de la mediación penal se posibilite la reparación del hecho antinormativo, en orden al Código Penal de la Nación y leyes complementarias. El régimen de mediación penal procedería cuando se trate de delitos que tengan prevista una pena máxima de 6 o más años de prisión o reclusión. En tanto, en caso de recibir los votos necesarios, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es quien tendrá a su cargo la implementación y aplicación del presente régimen.

Reforma política

La ley de reforma política es otra de las puntas de lanza del PRO. El presidente de la Legislatura de la Ciudad, Oscar Moscariello, señaló a Noticias Urbanas, sin embargo, que su tratamiento será más arduo que el del presupuesto. La primera ley se aprueba con 40 votos a favor, la segunda, con la denominada mayoría simple.

Finalizada la etapa de consultas y explicaciones con especialistas, la reforma buscará implementar la boleta única y el voto electrónico, la unificación de procesos electorales, la existencia de los partidos comunales y la transparencia en torno al financiamiento de los partidos políticos.

?No hay que olvidarse de que el presupuesto está ligado a la reforma de alguna forma, ya que por ejemplo, unificar elecciones reduce costos?, subrayó Moscariello y advirtió que la oposición pone trabas porque, por ejemplo, si se implementa el voto electrónico y esta modalidad se traslada lógicamente a la provincia de Buenos Aires, ?se terminan las elecciones por clientelismo y se comienzan a basar en las propuestas; se terminan los punteros y comienza el tiempo de quienes gestionan y proponen?. ?En Córdoba se implementó esta misma ley y sin hacer tanto lío?, recordó irónico.

Desde el PRO, dicen apoyar la autonomía de los partidos comunales, al igual que existen actualmente los vecinales y provinciales. Y aclaran que profundizar los controles sobre los métodos de financiamiento de los partidos políticos pasa por la transparencia y no por la rigidez.

?No decimos que esté mal que un privado financie, pero está mal si no se sabe quién es ese privado y cómo llegó ese aporte al partido en cuestión?, dijo Moscariello. ?La ciudadanía logrará una mayor calidad institucional de aprobarse la iniciativa. La diferencia con las dificultades que hubo en las elecciones anteriores sería notable?, explicó Moscariello para finalizar.

Con este panorama y con la ley presupuestaria atravesando igualitariamente a todo el arco político local, ya es seguro que para el próximo año, y en pleno fragor electoral, entrarán como proyectos relevantes para el oficialismo las leyes de servicios de higiene urbana, ampliación del casco histórico para la protección del patrimonio y, luego de un año donde el acceso pleno a la educación pública copó las agendas políticas y mediáticas, se intentará sancionar también la Ley General de Educación.