El diputado Miguel Doy planteó una moratoria fiscal para 400 mil porteños
El legislador porteño Miguel Alfredo Doy presentó un Proyecto de Ley de Emergencia que beneficiaría a los contribuyentes que se atrasaron en los pagos de todos sus impuestos. Incluso, de aprobarse el texto del proyecto tal cual fue presentado, favorecería a los contribuyentes que se encuentran en estado de concurso, para facilitar la apertura de fuentes de trabajo.
En su fundamentación, el legislador del bloque unipersonal Participación Vecinal planteó que en noviembre del año 2001 la Legislatura sancionó la Ley 671, que facultó al Poder Ejecutivo a otorgar a los contribuyentes un régimen que disponía una fuerte reducción en los intereses punitorios y resarcitorios. La medida obtuvo un gran éxito inicial, ya que 75 mil personas se acogieron al beneficio, pero un mes después sobrevino la catástrofe que culminó con la caída de de la Rúa y la debacle económica posterior licuó en gran medida las ventajas que hubieran resultado de su aplicación.
Lo mismo, la Legislatura intentó paliar las consecuencias de la enorme crisis que se desató después de los fuegos del 20 de diciembre de 2001 mediante el dictado de las leyes 744, de Emergencia Económica; 748, de Emergencia Social; 869, de Emergencia Hídrica; 881, 882 y 910, de Cesiones en Comodato a Cooperativas de Trabajo y la 992, de Incorporación de los cartoneros al Servicio Público de Higiene Urbana.
La única situación que no contemplaron los legisladores fue la de los sufridos contribuyentes porteños y por esta razón, el legislador presentó el Proyecto de Ley -que lleva el Nº 747/03-, que propone el plan de facilidades que incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones, beneficiando a 400 mil personas.
Doy planteó que esta operatoria permitiría recaudar -en un plazo que puede llegar a ser de hasta 120 meses- más de 1.200 millones de pesos, aprovechando la recuperación económica que se produjo en el primer cuatrimestre de 2003, que permitió un incremento del 60 por ciento en las ventas operadas en los supermercados y centros de compras.
El legislador planteó la aparición de algunas situaciones extremas, que se dieron en el ámbito del transporte automotor de pasajeros, cuyos propietarios le adeudan al Estado porteño alrededor de 57 millones de pesos en concepto de patentes. También destacó el diputado que en la actividad del sector del transporte de cargas existe una alta morosidad en la misma tasa, que redunda en una fuerte merma en los seguros, ya que para contratarlos es imprescindible tener las patentes al día. Esta baja en los ingresos de las aseguradoras provoca una baja similar en el pago de los Ingresos Brutos.
