Diputados porteños salen a bancar a Gallardo

Luego de conocerse la sentencia del juez Roberto Gallardo por la cual declara la inconstitucionalidad y la nulidad del convenio entre Lotería Nacional y el Instituto del Juego de la Ciudad y ordena la clausura dentro de las próximas 48 horas del Casino Flotante, un grupo de legisladores salió a respaldar la decisión del magistrado.

Fue en una conferencia de prensa realizada este martes en la Antesala del Salón Montevideo de la Legislatura porteña, a la que concurrieron los diputados porteños Milcíades Peña, Ariel Schfrin (Confluencia); Fernando Cantero (ARI); Beatriz Baltroc (Autonomía Popular); Daniel Betti (Bloque del Sur); María Eugenia Estenssoro (Espacio Plural) y los ex diputados Fernando Caeiro (Unión por Todos) y Luis María Conde. Cuando finalizaba el encuentro, se acercó también el diputado Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires).

El primero en hacer uso de la palabra fue Milcíades Peña, quien calificó de "sumamente trascendente" la decisión de Gallardo. Peña aseguró: "Nosotros estamos en defensa de los intereses de la sociedad porteña, pertenezcamos a la fuerza política que pertenezcamos. El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, cuando era constituyente aseguró que el juego no debía estar en manos de los privados, pero él envió a la Legislatura el convenio que ahora se declaró inconstitucionalidad".

Baltroc aclaró que ella no votó el convenio, sino que se abstuvo al igual que lo hicieron los entonces legisladores Atilio Alimena, Santiago de Estrada, Irene López de Castro, Elena Mitjans y Oscar Moscariello. La legisladora de Autonomía Popular señaló: "El convenio convalida el decreto 600 del Gobierno de Carlos Menem por el cual se invierte el porcentaje que el corresponde al privado y al Estado Nacional. CIRSA la empresa que tiene la concesión del Casino salió de la quiebra en España por las ganancias que tuvo en la Argentina".

Por su parte, el bullrichista Fernando Caeiro -quien votó en contra del convenio junto a Elena Cruz, Abel Latendorf, Juliana Marino y García Conde- sostuvo: "Esto demuestra el coraje de un juez que emite un dictamen en contra de muchos intereses políticos y económicos que hay en la Ciudad. Este convenio viola tres normas: la Constitución de la Ciudad, la ley 538 y la ley que crea el Instituto del Juego. Por otra parte, Lotería Nacional y CIRSA habían acordado la instalación de un segundo Casino, dado que este convenio los habilitaba para hacerlo".

Estenssoro, en tanto, afirmó: "Realmente pensé que ésta era una batalla perdida porque quienes se opusieron al principio, terminaron por convalidar y privatizar el juego. Este fallo permite revitalizar el tema".

Mientras que Schifrin aseguró: "Venimos investigando hace meses las condiciones de legitimidad y legalidad del convenio que fue aprobado en un tratamiento relámpago por la Legislatura saliente en noviembre de 2003, violando flagrantemente la Constitución de la Ciudad y la ley 538 (que regula los juegos de azar en la Ciudad) que prohíben la gestión privada de Casinos, y además, ocasionando un llamativo perjuicio económico al estado al aceptar que el 80 por ciento de las utilidades del Casino quede en manos del operador privado y sólo el 20 por ciento restante se reparta entre el Estado Nacional y el Estado local. Tales porcentajes invierten diametralmente la apropiación de utilidades en caso de casinos explotados por privados en cualquier lugar del mundo".

Betti manifestó que "el convenio es absolutamente inconstitucional y habilita a distintos tipos de corrupción, a lo sospechado y a lo insospechado. En el 2004 los porteños gastaron en juego 5.000 millones de pesos, 300 millones más que en el 2003. De ese monto, 1.000 millones corresponden a las ganancias netas. Por lo tanto, 140 millones son los que deben repartirse entre el Estado Nacional y el local".

Por último, Cantero aseguró: "En realidad la Ciudad no tiene un jefe de Gobierno autónomo, sino el peor delegado sindical de los últimos tiempos. Tenemos un poder político cautivo de las bandas y de los blanqueadores de dinero".

Cabe mencionar que Roberto Gallardo no es uno de los jueces más queridos por el Poder Ejecutivo porteño ya que, entre otras cosas, multó a Aníbal Ibarra y a otros funcionarios con embargos en sus sueldos a raíz del mal estado en el que se encuentran los hoteles en los que el Gobierno de la Ciudad aloja a la gente sin techo. Por este y otros fallos, el cuestionado Consejo de la Magistratura estudia la posibilidad de iniciarle el trámite de juicio político.