"Cromañón fue la confluencia de corrupciones varias"

Minutos antes de las 23 horas de la noche del 30 de diciembre de 2004, una bengala brilló entre una multitud de jóvenes que celebraban la finalización del año al ritmo de la banda Callejeros en el boliche República Cromañón. La luz de la pirotecnia se convirtió en oscuridad para 194 personas que murieron esa noche y los días posteriores. Cromañón, lamentablemente, pasó a la historia al convertirse en la tragedia no natural más cruenta del país. A cinco años del terrible acontecimiento, la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, recordó lo sucedido esa fatídica noche, y todas sus consecuencias.

"A los cuatro meses de estar en gestión, la Adjuntía (a cargo de Atilio Alimena) había empezado a trabajar en el tema boliches y realizó un entrecruzamiento de datos entre el listado de los boliches y el listado de certificados de Bomberos. El resultado de ese entrecruzamiento fue que el 80 por ciento de los boliches no tenían las condiciones para estar habilitados. Sobre ese dato se hicieron notas a los funcionarios correspondientes -Fabiana Fiszbin-, y se sacó a los medios para que todos estuvieran informados sobre el déficit de seguridad de los boliches. Eso fue en el mes de mayo de 2004, luego se continuaron haciendo gestiones sin resultados positivos, y el 30 de diciembre de ese año, al cumplir un año de gestión, ocurre Cromañón. El 31, que era feriado, la única institución que abrió sus puertas y estuvo atendiendo gente fue la Defensoría del Pueblo con personal que trabajó voluntariamente", describió la Defensora.

"Al primer día hábil nos comunicamos con la jueza, que tenía inmensas dificultades para poder actuar -porque era un mes de feria, y porque no tenía infraestructura ni personal suficiente para tomar declaraciones-, hizo los pedidos correspondientes y la jueza priorizó las pericias y la prueba documental y mandaba a los testigos a declarar a la comisaría; nosotros dispusimos tomar los testimonios de los chicos para que no fueran a comisaría -funcionamos como colaboración de la jueza y el fiscal hasta que ellos tuvieran la infraestructura, para ahorrarles el tiempo y la emoción de la primera etapa, y luego los testificantes sólo tenían que ratificar su testimonio en fiscalía-. Así se trabajó todo enero. En febrero la jueza y el fiscal ya tenían infraestructura y ratificaron firma y juramento de los testimonios tomados por la Defensoría. Los primeros 200 testimonios se tomaron en esta Defensoría y todo sirvió como prueba", resaltó Pierini aclarando que debido al rol desarrollado durante los primeros días de caos, desesperación, desorganización y dolor, los funcionarios de la Defensoría quedaron "muy vinculados tanto con los padres de Cromañón como con la causa y fuimos testimoniantes en el juicio político y en juicio definitivo en donde testimonió la Adjuntía por la alerta temprana".

Pasados los primeros meses tras la tragedia, la justicia y la política iniciaron procesos paralelos de análisis de responsabilidades y causas.

"Tanto en el juicio penal como en el juicio político se habló mucho de las responsabilidades. Los que estamos en la política pública nos interesan más las causas. El diagnóstico en primer lugar es que Cromañón significó la confluencia en un solo lugar y un solo momento de una diversidad de corrupciones varias, corrupción en el sentido de desviación -el empresario inescrupuloso que cerró las puertas y no cuidó la seguridad interna; la irresponsabilidad del manager del grupo que no controló la sobrepoblación en el lugar; la corrupción de la policía que dejó correr y no verificó; la corrupción del sistema de habilitaciones? y las reglas del juego de los pibes de la pirotecnia en los recitales-. También hubo errores en los sistemas de asistencia. Hay que enaltecer que muchos chicos se salvaron porque otros chicos los salvaron. Confluyeron un montón de corrupciones e ineficiencias que se dan durante todo el año pero que en esa noche se juntaron. Un solo elemento no hubiera producido la tragedia, todos juntos generaron la muerte de 194 personas", afirmó.

Cromañón generó la destitución del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, y la condena en primera instancia el gerenciador del boliche Omar Chabán, al ex manager de Callejeros Diego Argañaraz y al ex subcomisario Rubén Díaz a la pena de 18 años de prisión por los delitos de incendio doloso y cohecho activo para los primeros dos y pasivo para el ex policía. A cinco años de incendio, ninguno de los condenados permanece detenido a la espera de la sentencia de segunda instancia y se aguarda un fallo de la Cámara de Casación que decidirá si Chabán deberá volver a prisión.

"Algunas cosas cambiaron", reconoció la Defensora del Pueblo. "Quedó implantado el temor, pero no se cambiaron las reglas del juego del mercado de espectáculos. Las reglas del juego no fueron cuestionadas, si se tomó conciencia de los riesgos, y en ese sentido, a partir de Cromañón cambió algo, ya no se habilita cualquier cosa, el temor produce efectos. Está mucho más en regla el sistema de habilitaciones", dijo.

Y agregó: "Desde el punto de vista político, las reglas del juego de reparto de cargos no se han modificado. Si en lugar de una maestra de jardín de infantes hubiera sido el responsable un profesional las cosas hubieran sido distintas. El sistema de cargos quedó indemne, eso no se modificó y sigue siendo el problema de la ineficiencia. Aún no se modificó que a los puestos se acceda por idoneidad y no por el dedo de alguien".

"En lo que si hubo modificaciones importantes es en el sistema de emergencia. El actual Gobierno ha puesto un profesional a cargo para el desarrollo de sistemas de emergencia. El sistema de habilitaciones está un poco mejor. Pero no se puede tener una sociedad de vigilantes y vigilados, cada empresario tiene que ser responsable de la seguridad de sus instalaciones, no se puede tener 200 000 inspectores para revisar todo, tiene que haber responsabilidad empresarial. Y de la Policía mejor no hablemos", comentó Pierini.

Finalmente, la Defensora se refirió al reclamo de justicia que los familiares de las víctimas aún siguen gritando.

"Los padres creen que no ha sido suficientemente penalizado, pero también es cierto que ellos miden con la vara de su dolor y nunca nada va a alcanzar para ellos. Los responsables políticos deberían tener más memoria", concluyó.