No sólo enferma la contaminación

"Acá existen los terrenos y existen o existían los fondos para construir las viviendas. No había complicación que saboteara dicha construcción ni impedimentos para mudar a la gente. Sin embargo, cada vez que la Corte le pide al Gobierno que presente informes detallados de lo que está haciendo para limpiar el Riachuelo, el Gobierno del PRO se ve obligado a reconocer que no hizo nada, lo que indica la falta de voluntad política para cumplir con la ley de la Ciudad y con lo que manda la Corte?, dice Alejandro Franco, abogado de la Villa 26, en el comedor de la misma, llamado Los Ángeles.

La Corte Suprema de la Nación viene urgiendo desde mediados de 2008 que la Nación, la provincia y la Ciudad se aboquen de una vez a la limpieza del Riachuelo. Lo que implica reubicar las villas que crecieron a su lado, recuerdan Franco y Mario Nieva, el hijo de Serafina Falagán, alma máter de la villa.

La Villa 26 es pequeña y se encuentra apenas pasada la avenida Vélez Sarsfield y el reabierto puente Bosch en dirección a Parque Patricios y Pompeya. Ahí donde el curso del Riachuelo se embolsa y estrecha. Donde, al vaivén de las mareas y crecientes del estuario, se acumula basura hedionda que incluye hasta perros muertos.

Franco embiste contra ?la impunidad de Macri?. Explica que ?en 2007 hubo una licitación y se firmó un contrato con la empresa Raffo y Mazieres, pero la obra no empezó porque no se giraron los fondos. El comienzo de obra, incluida en el Plan Federal, cuesta 200 mil pesos, una suma que el Gobierno porteño bien puede pagar y negociar después la financiación con el Estado nacional. Sin embargo, hasta ahora prefirió no hacer nada?.

El hecho de que el Gobierno de la Ciudad no haya construido ni una sola vivienda a cuatro años de haberse sancionado en la Legislatura una Ley de Emergencia Ambiental y Sanitaria, que dispone la perentoria relocalización de unas 1.600 familias que viven en villas ubicadas a orillas del Riachuelo, demuestra, según Franco, ?cuán poco interesado está Macri en cumplir con la ley?.

?Toda la gente que vive acá se quiere ir porque vive mal, enferma porque hay mucha contaminación con metales pesados e hidrocarburos que producen enfermedades de los pulmones, de la piel y de los huesos", expuso.

El comedor se encuentra en la primera casa, la que dio comienzo a la villa cuando a mediados de los 50 todavía gobernaba un Perón enzarzado en un agudo conflicto con la Iglesia y una oposición que enseguida habría de voltearlo a sangre y fuego. La villa terminó de conformarse con las distintas oleadas de cierres de fábricas y talleres, las últimas durante la dictadura, el menemato y el crack de 2001.

La estrecha franja de tres cuadras es recorrida por un sendero de cemento paralelo al que acaso sea el río más muerto y sucio del mundo. La peatonal está flanqueada por casas de ladrillo, muchas revocadas y con bastantes jardincitos. Hay variedad de kioscos y almacenes y casi ninguna construcción en alto porque los blandos terrenos de relleno no lo permiten.

Franco presentó en 2009 un pedido de amparo que el juez Roberto Gallardo resolvió a fines de septiembre, cuando embargó a la Ciudad en 30 millones de pesos para garantizar la construcción de las prometidas viviendas en cuatro terrenos de la Ciudad. Dispuso también su ?afectación compulsiva?, prohibiendo que se vendieran o utilizaran para otros fines que los previstos.

?A través de la Comisión de Vivienda de la Legislatura nos enteramos que el Gobierno estaba por poner los terrenos a la venta y eso nos decidió a pedir el amparo?, rememora Franco en referencia a los solares ubicados en las calles Pedro Chutro 2992, en Parque Patricios, y Luzuriaga esquina Olavarría, San Antonio 721/51 y Gonçalvez Díaz 758, los tres en Barracas.

En agosto se cumplirán cuatro años desde que la Legislatura sancionó la Ley 2057, que declaró ?la emergencia ambiental y sanitaria? de la cuenca Matanza-Riachuelo para ?asegurar el derecho a la salud, a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano? de quienes habitan sus márgenes.

Desde entonces, el Gobierno no hizo prácticamente nada para cumplirla. En abril, al tiempo en que la Corte pedía informes detallados de lo hecho, una cédula de la Subsecretaría de Obras Públicas llegó a la casa de Serafina. Ordenaba desalojar todo el predio y aclaraba que ello debía hacerse sin derecho a pedir resarcimiento alguno, por estar la villa sobre ?el camino de sirga?: franja de 35 metros a contar desde la orilla de un río, que el Código Civil indica que debe de ser de uso público.

Han pasado siete años desde que la Ciudad compró los terrenos para construir las viviendas y mudar allí a los habitantes de la Villa 26, de modo de acabar con ella. Y han pasado tres años desde que licitó su construcción.

Al igual que hizo para justificar la no construcción de kilómetros de subtes prometidos en campaña, el Ministerio de Desarrollo Urbano argumentó nuevamente que la Nación no aportó las partidas correspondientes. Franco se indigna al comentar que cuando tienen alguna voluntad de hacer las cosas, los Estados provinciales inician las obras y piden a la Nación que efectivice los prometidos aportes a medida que presentan certificados de obras terminadas.

Aunque por un momento sonríe, la indignación de Franco no cede. Recuerda que la semana pasada, a pedido suyo, el juez Gallardo concedió otro recurso de amparo para impedir que se desaloje a los vecinos de villas de emergencia a la vera del Riachuelo.

Franco cuenta que estuvo con el subsecretario de Obras Públicas, Sergio Agostinelli, quien firmó las cédulas, y que Agostinelli se disculpó; que le enviaron la cédula como una fórmula de notificar a la gente, sin pretender causar enojos ni pánico. ?Me dio la impresión de que conoce la Villa 26 tanto como a una aldea del Amazonas, porque como forma de notificar propendiendo al entendimiento, la cédula resultó bastante pesada. Porque fue una notificación con auxilio de la forma pública. Vino un notificador a golpear la puerta con un policía y con instrucciones de no irse hasta que la cédula fuera firmada. No resultó nada amistoso?, dice Nieva.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno intente desalojar, Franco considera que de momento está conjurada. Entre los legisladores que se han solidarizado con los villeros amenazados están la presidenta de la comisión de Vivienda, Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica); Eduardo Epszteyn (presidente del bloque Diálogo por Buenos Aires) y Laura García Tuñón (Proyecto Sur).

?Los vecinos de la Villa 26 están enfermos de contaminación y de mentiras. Sus ilusiones de poder salir de ese pozo de insalubridad y vivir como la gente son burladas por este Gobierno, que no sólo incumple leyes fundamentales, de emergencia ambiental y sanitaria, en la cuenca Matanza-Riachuelo, sino que ni siquiera puede construir 200 viviendas en terrenos que la Ciudad compró hace cinco años?, afirma Epszteyn, ex secretario de Medio Ambiente de Ibarra.

?Detrás de la recusación que una vez más hicieron del juez que hizo lugar al amparo, hay una manifiesta y objetiva decisión política de seguir dándoles la espalda a un millar de vecinos, cuyos derechos siguen demorados por el capricho inmobiliario de Macri, que en vez de hacer lo que la ley manda, sigue haciendo lo que le da la gana?, concluye el legislador.