Ley de Trata: los funcionarios en el Congreso

Las modificaciones a la Ley de Trata y artículos del código penal referentes a la esclavitud avanzan en parte. El Ejecutivo Nacional, a través de su secretario de Justicia y el fiscal dedicado a la Trata, planteó este jueves en el Congreso su posición respecto a los puntos que se buscan modificar de la ley creada en el 2008 y que no logró menguar la trata de personas para fines de explotación laboral o sexual, tampoco pudo con la asistencia a las víctimas del delito.

El consentimiento que figura en la ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (Nº 26.634) ya no es aceptada ni siquiera por el Ejecutivo que la había sostenido en la sanción de la ley "como su caballito de batalla" expresó la diputada Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica) que igual se alegra por el cambio de criterio del gobierno nacional.

Héctor Masquelet (ver foto), secretario de Justicia y máximo responsable del Programa de Rescate y Asistencia a las Víctimas, reconoció "el problema del consentimiento y el Ejecutivo esta de acuerdo en su eliminación". En cambio, Masquelet planteó su negativa a que el Congreso crease por ley y bajo su supervisión un programa para la inserción de las personas traficadas y luego esclavizadas "eso es más adecuado al Ejecutivo por decreto". De esta manera el funcionario nacional no dio acuse de recibo cuando la diputada Gil Lozano dijo que denunció penalmente el rol de una funcionaria de su área, puntualmente Zaida Gatti supervisora del programa que se encontraba en el sala 1 en el piso segundo del anexo de la Cámara.

Marcelo Colombo (ver foto quien habla al micrófono), el fiscal dedicado a la Trata, reconoció que existe agujeros presupuestarios y organizativos para asistir a las víctimas y agregó "todos estamos de acuerdo que deben ser mejorados los programas".

Frente a Colombo estaba Gustavo Vera de la Alameda quien aprovechó para recordar a este medio "que el fiscal tiene dormida la lista de cien talleres clandestinos y 613 prostíbulos que le presentamos hace meses".

Por su parte el secretario de Justicia Masquelet, que dijo haber recibido el borrador del dictamen 24 horas antes, planteó dudas respecto a las multas a los tratantes y rechazó abiertamente las modificaciones a tres artículos del código penal (artículos 140, 145 bis y 145 ter). Esta postura esta en las antípodas del abogado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Mario Ganora.

"Los diversos verbos en la ley no son una obstrucción sino que se vea la ley de estupefacientes. Esta plagada de verbos porque justamente existen diversas hipótesis del delito", retrucó Ganora a Masquelet cuando éste ya no estaba en la sala aunque sí su subordinada la denunciada Zaida Gatti.

Ganora también discrepó con Masquelet que se niega a modificar el artículo 140 del código penal y le respondió argumentado que "en el artículo no figura la compra y venta de personas. Esto es esencial. Debe figurar explícitamente en la reforma que estamos discutiendo. Pensemos que el artículo 140 fue creado en 1921 y no se modificó desde entonces mientras que todos los convenios sobre esclavitud y trata son posteriores a 1926, así como los convenios sobre trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".

El funcionario de la Defensoría del Pueblo, a cargo de Alicia Pierini, habló de artículos sexistas y clasistas. "Es más protegido la cabeza de un cerdo que la libertad de una mujer. Sino vean el artículo 145 bis que pena de 3 a 6 años de prisión al apoderarse de un ser humano para su explotación mientras que el artículo 167 quater pena con 4 a 10 años el apoderarse de una cabeza de ganado". El artículo 130 del código penal leído por el abogado penalista también deja al descubierto que retener una mujer para violarla se pena con 1 a 4 años de cárcel mientras que el abigeato, o sea robar la cabeza de un ganado, son 4 a 10 años de prisión".

Para Ganora tampoco es valido poner limites a las multas y para finalizar sostuvo que "el artículo 140 solo sirve para que los jueces ordinarios y federal se pelean por la competencia. Esto es una gran dificultad".

Esta segunda audiencia pública no ganó el interés de tantos diputados como la primera. Solo se vieron algunos de ellos que la vez pasada no estuvieron como Cecilia Merchán, Remo Carlotto y Gladys González, y retomaron el interés Marcela Rodríguez, Silvina Storni, y por supuesto los presidente de las comisiones Juan Carlos Vega y Claudia Rucci.

Marcelo Colombo de la UFASE reconoció que en dos años se logró solo 10 condenas en todo el país y pidió dejar en claro la concepción abolicionista del Estado argentino "ir a fondo y poner saco y moño a quien debe cerrar estos casos. Es que existe regulaciones subrepticias en todo el país, se regula eufemísticamente como wiskerias a los prostíbulos".

Laura Musa, por la Asesoría Tutelar de Menores de la Ciudad de Buenos Aires, salió al cruce del rol del gobierno de la ciudad. Habló de "un absoluto desamparo de los menores, no hay ningún grado de protección . El comité de trata no da ninguna respuesta, no existe recursos, hay que presentar amparos para que se cumpla la asistencia a las víctimas vulneradas en todos sus derechos".

Musa a su vez ejemplificó en un caso publicado en el semanario de Noticias Urbanas. "La corrupción de las comisarías de La Boca y Barracas en el caso de explotación sexual infantil comercial en un conventillo. Todo eso terminó con un allanamiento de la Gendarmería y Policía a las dos de la tarde. Nada para las víctimas. Lo único que quedo claro es que no se podía hacer más denuncias de ese tipo".

También expusieron la director de la Mujer porteña, Guadalupe Taglieferri, que se dedicó a leer la ley 2781 y dar su apoyo a retirar el consentimiento; por la Asociación PRO Nacional Unidas de la Argentina (ANUA), Hernán Alarcón, que además es fiscal, fue el único que habló de los activos del lavado y sus empresas a la hora del decomiso de bienes de la mafia para destinarlos a las víctimas; y la fiscal Marcela Stella Martínez de Córdoba. "Se debe establecer puntualmente que es delito federal y así los jueces pueden utilizar la extraña jurisdicción (o sea actuar en todo el país). Que se especifique cómo actuar en las primeras horas porque muchas veces se carátula como desaparición de persona y no trata", agregó la fiscal quien pidió puntualizar la intervención de teléfonos que se demora hasta 60 a 90 días.

Sorpresivamente quien quedo fuera de la lista de oradores es Nancy Miño, la policía que integró División Trata de Personas de la Policía Federal, y que denunció penalmente a la cúpula de esa dependencia por beneficiar al crimen organizado que opera en prostíbulos.

Nadie supo explicar a este medio porque no habló Miño cuando se había acordado que lo hiciera. Sus palabras hubieran dejado en claro como opera la dependencia policial que debe velar por la Ley de Trata que solo ha conseguido 10 condenas en todo el país y ninguna de ellas en Capital Federal, como si aquí no existiera.