La política copa la causa

El conflicto estalló de la peor manera y la pésima relación que mantienen los integrantes de la Justicia se hizo pública. A pesar de los numerosos motivos que los distanciaron, hubo dos que fueron determinantes para que la pelea llegara a los medios de comunicación.

La semana pasada el juez de Instrucción Eliseo Otero, que tiene a su cargo la causa por las tres muertes ocurridas en la represión policial para desalojar el parque Indoamericano de Soldati, negó el pedido de detención contra el barrabrava de Huracán Julio Capella, quien durante la toma fue filmado, el jueves 9 de diciembre, por varios canales de televisión, vestido con un buzo del club de Parque Patricios y apuntando con un arma de fuego, que luego ocultó entre sus ropas.

La imagen es una prueba que según los investigadores del caso lo comprometía seriamente en los crímenes. Otero le dictó la falta de mérito a Capella, que en la declaración indagatoria dijo que si bien había apuntado a los ocupantes del predio, el arma era de juguete.

La decisión adoptada por el magistrado provocó que el jueves de la semana pasada, el fiscal de Instrucción Sandro Abraldes, quien en los hechos investiga las muertes, lo recusara y pidiera su apartamiento de la investigación.

Además, Abraldes apeló una decisión anterior del magistrado, cuando se declaró incompetente en la causa y derivó las actuaciones a la Justicia Federal. Esos dos hechos sacaron a la luz la pelea judicial que venían manteniendo el juez y el fiscal del caso del Indoamericano.

El fiscal argumentó su pedido en un escrito, en el que recordó que fue él quien acusó a Capella por intimidación pública, remarcando que los hechos en los que participó el barrabrava no son ?una mera instigación pública a la violencia?. Y agregó, justificando su iniciativa: ?La innecesaria valoración de la prueba formulada al momento de decidir su incompetencia para intervenir en las actuaciones, lo que deja adelantada su opinión preconcebida sobre los hechos?.

Finalmente, Abraldes acusó al magistrado de no ser imparcial: ?La sospecha de parcialidad también se nutre con las expresiones peyorativas y suspicaces del magistrado instructor respecto de la actuación de la Fiscalía y a la prisa (de Otero) por escuchar en indagatoria a Capella, sin siquiera contar con el video que lo comprometía, prontitud a su turno reflejada en la resolución de la situación procesal?.

Sin embargo, en la resolución que liberó al barrabrava, Otero sostuvo que ?no está acreditado que Capella hubiera portado un arma, pues simplemente no existe un solo dato objetivo que, de momento, permita afirmar tal hipótesis?.

El juez destacó que ?el conflicto (del Indoamericano) ha sido de tal complejidad social que resulta imposible calificar la conducta de uno u otro grupo como agresores o agredidos ya que ambas facciones han agredido y se han defendido al mismo tiempo, y ello es un dato incontrastable que resulta de la realidad de los hechos?.

El magistrado no sólo rechazó el pedido de la fiscalía por presunta ?intimidación pública?, sino que se declaró ?incompetente? para continuar con la causa y la envió a la Justicia Federal. Pese al pedido de la fiscalía de alejarse del caso por ?prejuzgamiento? y ?parcialidad?, Otero rechazó el viernes pasado su recusación y envió el expediente a la Cámara del Crimen para que resuelva la controversia y se expida sobre el fuero que debe intervenir.

La liberación de Capella, que fue duramente cuestionada por el fiscal, también desató las protestas de los familiares de las víctimas, la del bloque de la Legislatura porteña Encuentro Popular para la Victoria, la del PJ porteño, la del espacio Cabildo Abierto, la de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, y la de Abuelas de Plaza de Mayo, quienes también pidieron que el juez Otero sea apartado de la causa y que el Consejo de la Magistratura intervenga para analizar la conducta del magistrado.

En una conferencia de prensa realizada el lunes, de la que participaron el diputado porteño por el kirchnerismo Juan Cabandié; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; las legisladoras porteñas María José Lubertino y Gabriela Alegre y las dirigentes peronistas Kelly Olmos y Pimpi Colombo, entre otros políticos, se exigió la renuncia de Otero. Cabandié también solicitó el juicio político para el juez.

El legislador acusó a Otero por ?negar? la detención de Capella y por ?resolver la falta de mérito? luego de tomarle declaración ?tres horas antes de que lleguen los videos con las pruebas?. El kirchnerista habló de una ?justicia lenta, corrupta e ineficaz que falla porque pretende la impunidad y no por falta de presupuesto?.

En tanto, Estela de Carlotto manifestó: ?Son los hombres los que nos defraudan, porque muchos siguen favoreciendo a los amigos o a ciertos intereses. No queremos que estos jueces estén en la Argentina. Es inadmisible que se dejen pasar estas cosas. Si eso sigue así, esa inseguridad que estamos combatiendo no va a desaparecer?.

Por su parte, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, junto al abogado Sergio Gandolfo, se presentó el lunes por la mañana en el despacho del quinto piso, que Otero ocupa en el Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano, para solicitar el apartamiento del juez de instrucción y pedir que la asociación que preside sea tenida en cuenta como querellante en el caso del Indoamericano.

El enfrentamiento entre las Madres y el magistrado no es nuevo, ya que el juez Otero fue quien en su momento rechazó una presentación de la organización que encabeza Bonafini contra el uso de pistolas eléctricas Taser (una especie de picanas eléctricas, prohibidas internacionalmente) por parte de la Policía Metropolitana.

Por último, Nicolás Tauber, quien representa a la familia de unos de los muertos de la toma (el paraguayo Salgueiro), señaló que Otero jamás recibió a los padres de la víctima, pese a solicitarle varios encuentros.

El expediente de la toma se divide en dos líneas de investigación bien claras, la primera intenta identificar a los asesinos de Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y Juan Castañeda Quispe y la otra investiga la participación de una patota de barrabravas, matones sindicales y punteros políticos.

?La implicancia de policías y militantes con protección política hace que la causa sea pesada y problemática para el magistrado a cargo, y por esa razón Otero pretende plancharla para luego cerrarla sin hurgar a fondo y de esa manera evitarse problemas políticos. Además, en este caso pesa la ideología de Otero, un hombre de ultraderecha y nacionalista extremo?, le explicó a NU un letrado que conoce el accionar del juez y sus motivaciones ocultas.

?Otero ingresó como meritorio en la Justicia a fines de 1966 y recién en 1992 accedió a la titularidad del Juzgado de Instrucción Nº 9. El impulsor de su nombramiento fue el por esa época operador judicial del menemismo Jorge Anzorreguy, hermano del entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado Hugo Anzorreguy. Desde allí cultivó un bajo perfil que lo mantuvo a flote pese a los cambios presidenciales. El magistrado profesa una profunda fe católica e ideas ultranacionalistas, cercanas al antisemitismo y estas creencias lo enemistaron con un amplio sector de sus pares del Poder Judicial?, agregó la fuente antes consultada.

La implicancia política de la causa es lo que llevó al magistrado a liberar al barrabrava, teoría que es sostenida por un letrado que trabaja en la fiscalía y que fue consultado por NU. ?Otero, al liberar a Capella, no tomó en cuenta que éste era empleado de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la junta electoral del Sutecba, hijo de un puntero macrista que trabaja en Boca y sobrino de un funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones contratado cuando Miguel Ángel Toma era ministro del Interior y el ahora presidente del bloque legislativo del PRO, Cristián Ritondo, su segundo?, detalló el abogado en tono amenazante.

Los cuestionamientos contra Otero se multiplican y hacen que su sostenimiento al frente de la causa penda de un hilo. Su caída tendría consecuencias imprevisibles en la investigación, que muchos políticos de peso no tienen intención de sobrellevar. Ya sean macristas o kirchneristas.

Alejandro ?Pitu? Salvatierra
?Macri empeoró la situación?

El dirigente social Alejandro ?Pitu? Salvatierra es el máximo representante de las 5.800 familias que tomaron el parque Indoamericano de Villa Soldati, en diciembre pasado. Con una militancia territorial en la Comuna 8 (Ciudad Oculta), el Pitu se encargó de negociar con el Gobierno nacional y la administración macrista el fin de la ocupación, a cambio de una solución habitacional para la gente.

Pero, a más de un mes de la toma, Salvatierra advirtió sobre el agravamiento de la situación debido a la desidia del Gobierno porteño. También, criticó el accionar del magistrado que busca a los responsables de los crímenes producidos por la represión policial.

?¿Está de acuerdo con que el juez Eliseo Otero, que investiga las tres muertes ocurridas durante la toma, debe apartarse de la causa?
?El accionar del magistrado no me cierra por ningún lado. Me parece muy raro, ya que se identificó a un barravraba con un arma de fuego, que fue filmado por todos los canales de TV, y no tomó la medida judicial correspondiente. De movida está claro que la portación del arma era ilegal; para decirlo más claro: si el protagonista del hecho hubiera sido yo, ya estaría preso. Es obvio que debió detener provisionalmente al acusado.

?¿Y cómo está la situación de la gente luego de la ocupación?
?Hoy los sin techo están peor que antes de la toma, ya que los que vivían en la calle siguen en la calle y los que alquilaban se quedaron sin hogar. Y toda la situación empeora por culpa del Jefe de Gobierno, que se despreocupó del conflicto luego de que se abandonó el parque. Desde ese día ningún funcionario del macrismo vino a charlar con los vecinos, ni se interesaron por su situación. Los únicos que dieron la cara fueron los dirigentes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Cristina Fernández. Con lo cual el problema sigue latente, ya que Macri no tiene voluntad política de solucionarlo.

?¿Entonces qué piensan hacer?
?Los 589 delegados de las 5.800 familias seguimos en asamblea permanente para decidir las acciones futuras. Sin ir más lejos, el miércoles de esta semana marchamos al Ministerio de Desarrollo Social porteño para que nos informen el contenido del plan de viviendas que nos prometió públicamente Macri. Hasta hora el plan no existe, ya que nunca nos dijeron la fecha de inicio de las obras, el lugar donde se harán y el modo y el criterio de adjudicación de las mismas.