Intervinieron la Obra Social de la Legislatura
Este jueves la Legislatura porteña aprobó por 31 votos positivos, 10 votos negativos y una abstención la intervención del Servicio de Salud y Asistencia Social (SSAS) de la Legislatura porteña por 45 días a raíz de una serie de irregularidades denunciadas por el Consejo de Administración que suponen un fraude por aproximadamente nueve millones de pesos.
El presunto fraude se descubrió ante la quiebra de la financiera Santa Elena donde, inconsultamente, se había invertido el dinero de los afiliados (las reservas de la Obra Social) en bonos cotizables en la Bolsa de Comercio.
Esta obra social tiene de gerente administrativo a Andrés Albor, enrolado en la corriente del radical Cristian Caram, la presidencia la ejerce el sindicalista Andrés Seisdedos (Sutecba) y la vicepresidencia la ocupa Guillermo Souza (ATE). Los restantes directores son: Ernesto Samania, Celia Rossi, Jorge Pisani, Marcelo Valeri, Miguel Angel Varela y Fernando Bertani.
Sin embargo, y tal como informó NOTICIAS URBANAS, el tema lo había abordado en enero de 2005 el legislador porteño Juan Manuel Velasco (ARI), cuando pidió por nota que se investigaran presuntas irregularidades que se habrían cometido en la obras social legislativa desde 1997.
Los textos habían sido dirigidos a Santiago de Estrada y a Oscar Moscariello, secretario administrativo, así como a la dirigencia del sindicato AUPLEA, que nuclea un sector de empleados legislativos, y que había sido denunciante de irregularidades administrativas.
Los sindicalistas señalaron que entre diciembre de 1997 y marzo de 1998, se le había hecho a los trabajadores una retención del 3 por ciento de sus salarios, sin que aún hubiera sido contratada una prestadora médica.
Otra irregularidad se produjo, según la denuncia, en 2001 con el cobro de 13 cuotas anuales, en lugar de 12, destinadas al servicio de Provincia Salud.
En tanto, que se atribuye a la decisión del radical Cristian Caram, cuando era titular de Legislatura, la firma de un decreto autorizando el cobro de mil pesos de parte de los integrantes del Consejo de Administración.
En esa oportunidad, AUPLEA había planteado una serie de acciones a seguir: Que se intervenga el SSAS y se solicite la renuncia a todo el Consejo de Administración; se nombre una Junta Normalizadora que en un plazo de 180 días normalice la situación del Servicio de Salud; se deje sin efecto la designación de personal por parte del Servicio de Salud, toda vez que se utilizan fondos de los trabajadores, debiendo el personal del servicio de salud depender de la Legislatura; se cese el cobro de los contratos a favor de los miembros del Consejo de Administración y que se abstuviera de realizar cualquier acción que en el presente o futuro afecte los fondos que pertenecen a los trabajadores.
Este jueves, y luego de un extenso cuarto intermedio, se decidió integrar a los gremios a la comisión asesora que se encargará de investigar lo ocurrido. La misma estará compuesta por cuatro representantes de los bloques mayoritarios y cuatro representantes de los gremios, aunque en un primer momento no estaba previsto incluir a los sindicatos dado que estuvieron representados en el Consejo de Administración de la Obra Social que será dejada cesante una vez se promulgue la ley.
El vicepresidente primero de la Legislatura, Santiago de Estrada (Juntos por Buenos Aires), pidió a los bloques y a los gremios que enviaran lo antes posible la nómina de los candidatos para integrar la comisión asesora.
La abstención en la votación en general fue del diputado Scrifrin; mientras que el diputado Tomás Devoto (Movimiento por un Pueblo Libre) explicó el voto negativo del bloque de izquierda. "Ninguna intervención vía los bloques políticos va a garantizar que se llegue a investigar al fondo de la cuestión. Los trabajadores deben resolver los problemas de los trabajadores", afirmó.
