Alerta máxima en Venezuela: estado de conmoción y detenciones
Venezuela ha declarado un estado de conmoción exterior por un período de 90 días, lo que amplía significativamente las atribuciones del gobierno chavista y permite la detención de personas que apoyen la ofensiva militar de Estados Unidos. Esta medida se implementa tras la reciente captura de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York. El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial y lleva la firma del mandatario, acompañado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.
El decreto establece claramente que los cuerpos de seguridad nacionales, estatales y municipales deben localizar y detener a aquellos acusados de respaldar las acciones militares estadounidenses. Además, otorga a las fuerzas de seguridad la autoridad para actuar de inmediato en todo el territorio venezolano, dejando abiertas las puertas para juicios penales contra los presuntos colaboradores de la ofensiva.
En un contexto de aumento de tensiones con Washington, esta decisión busca justificar acciones drásticas por parte del régimen. Se anticipaba la posibilidad de activar un estado excepcional, pero el contenido final del decreto se actualizó en respuesta a los acontecimientos recientes. De hecho, la activación de esta medida marca la primera vez que se declara un estado de conmoción exterior desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999.
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Una de las disposiciones más resaltantes del decreto es la militarización de sectores estratégicos del país, que incluye servicios públicos y la industria petrolera. Esto implica que el personal en estas áreas estará temporalmente bajo control militar, lo que refuerza la influencia de las Fuerzas Armadas sobre actividades esenciales para el país.
En medio de este ambiente de tensión, el gobierno ha instado a la ciudadanía a defender el país con un "fervor patriótico". Sin embargo, a pesar de garantizar que se respetarán derechos fundamentales, el decreto permite la suspensión de derechos como la libertad de reunión y manifestación, lo que genera preocupación sobre el impacto en las libertades civiles.
La situación ha empeorado con la detención de al menos 14 periodistas en Caracas, de los cuales 13 pertenecen a medios internacionales. Mientras algunos han sido liberados, otros siguen en paradero desconocido, lo que subraya un clima de represión y control sobre la información en torno a la crisis política en Venezuela. En un contexto tan complejo, la activación del estado de excepción presagia un período de intenso control político y social en el país.
