Las explicaciones de Boscoboinik
Los legisladores integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico se reunieron este miércoles 5, para recibir un informe acerca de las inspecciones realizadas por la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad.
Asistió con ese fin el director general de Fiscalización y Control de Obras del gobierno de la Ciudad, Mario Boscoboinik, ante la imposibilidad de concurrir del director ejecutivo de la Agencia, el ingeniero Javier Ibañez.
La reunión, que tuvo lugar en el Salón Presidente Perón entre las 14:30 y las 16, fue encabezada por el presidente de la Comisión, Alejandro Amor (Frente para la Victoria), y asistieron los legisladores Carmen Polledo, Daniel Presti, Lía Rueda, Daniel Lipovetzky, Marta Varela, Enzo Pagani (de Propuesta Republicana), María José Lubertino (Frente para la Victoria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), María América González (Buenos Aires para Todos), Delia Bisutti (Nuevo Encuentro) y Rubén Campos (Unión Cívica Radical).
El Director General dijo que desde que asumió el cargo hace dos años, fueron "analizados los episodios de derrumbe ocurridos desde el año 2006 en adelante encontrando que en la etapa de excavación y hasta la realización de la loza del primer piso, se producen la mayor cantidad, ocasionando caída de construcciones linderas, en tanto una menor cantidad en la etapa de demolición y menor aún en la etapa de realización de la estructura, momento en el que, de ocurrir un derrumbe se produce hacia adentro de la construcción".
En ese sentido, explicó que las inspecciones se concentran actualmente en "la primera etapa llamada roja cada 10 o 20 días, en la segunda etapa se realizan cada 45 días y en la tercera etapa cada 120 días". Además agregó que cuenta con "107 inspectores cuyo trabajo se divide diariamente por zona según proximidad de las obras, pudiendo tocarles hoy un barrio y mañana otro" y agregó que desde que ejerce la función no ha recibido "denuncias de corrupción". Destacó además que "no es necesario un inspector en cada obra porque la obra está a cargo de un profesional con responsabilidad", consideró que "es función del gobierno verificar si se está cumpliendo con el proyecto" y enfatizó que se trabaja en la capacitación de los inspectores y en generar un sistema digital para los informes de inspección.
Por su parte, Lubertino manifestó su oposición a que "las inspecciones no sean asignadas por sorteo" y criticó que "no hay celeridad en relación a las denuncias realizadas por la gente al número 147 por obras clandestinas". También se mostró disconforme por la ausencia del Director Ejecutivo de la Agencia y consideró que el gobierno sigue la lógica de que "el mercado y no el Estado va a regular el planeamiento urbano de la Ciudad".
En relación a los últimos derrumbes Boscoboinik sostuvo que en el caso de la calle Sinclair al 3000 ocurrido el 17 de agosto pasado "hubo 8 inspecciones previas", recordó que "durante agosto se dieron la mayor cantidad de lluvias de todo el siglo lo que no es excusa" y admitió que "no estuvo previsto lo que ocurrió: filtró el agua que agregó peso a una pared que estaba preparada para aguantar menos peso, el director de obra avisó y pudo sacar a la gente del lugar". En cuanto al hecho de la calle Emilio Mitre al 600 ocurrido el 29 de mayo pasado aseguró que "se cayó la loza; había tenido 8 inspecciones previas y no se impidió el accidente porque la obra está en acción y el hecho puede ocurrir dos horas después de que se retiró el inspector". Y en el caso de la avenida Juan B. Alberdi 781 ocurrido el 12 marzo de 201 2 dijo que "se produjo un derrumbe en la excavación con evacuados".
También informó acerca de la caída de la marquesina ocurrida en la calle Lavalle 1578 el 17 de agosto pasado. Explicó que en este caso "le corresponde al consorcio por una ley promulgada en 1999 presentar un informe firmado por un profesional que debió revisar el frente del edificio indicando el nivel de riesgo que el mismo presenta, fue presentado ante la Dirección de Fiscalización y Control de Obras en febrero de 2012 y en abril fue remitido nuevamente al consorcio con plazo hasta 2018 para que realice el próximo informe".
